Los nuevos derechos de pesca del recurso anchoveta para chi: El aumento fue justificado o ¿El afán recaudatorio superó al análisis técnico?

Los recursos naturales son patrimonio de la nación y su aprovechamiento está sujeto al pago de una retribución económica que debe ser determinada en función a criterios económicos, sociales y ambientales. En el caso de los recursos hidrobiológicos, la retribución económica se denomina “derecho de pesca” y se distingue en función del destino que se le da al recurso, donde el recurso anchoveta destinado a la elaboración de productos para el consumo humano indirecto - CHI (harina y aceite de pescado) asume mayores cargas. Estos derechos de pesca estuvieron estabilizados durante un periodo de 10 años desde 2008. Transcurrido el periodo de estabilidad (28 de junio de 2018), se generó una corriente de presión pública para que el Estado revise y aumente el pago por este derecho de pesca. Lo que finalmente concluyó con la emisión de una norma que aumentó en 73% su valor. Si bien todos los que aprovechen los recursos naturales deben retribuir al Estado compartiendo así los beneficios obtenidos, las cargas que el Estado impone deben ser definidas utilizando criterios técnicos objetivos y basándose en la realidad de la actividad regulada. Por ello, la determinación de la retribución debe responder a una evaluación que respete los parámetros legales establecidos, lo que comprende realizar un análisis de impacto regulatorio integral que desarrolle los componentes de esta herramienta regulatoria, e identifique finalmente la opción más viable para atender la problemática o necesidad identificada. El presente análisis se desarrolla con la finalidad establecer si para el establecimiento de los derechos de pesca antes mencionados se priorizó la recaudación o se determinó técnicamente un aumento justificado, cumpliendo con el marco legal vigente y con un adecuado análisis de impacto regulatorio, evidenciando que la medida no afectaría el desempeño y competitividad de este sector de la economía nacional. Finalmente, luego de la evaluación del marco legal vigente y la información recogida en la presente investigación se puede afirmar que, para la aprobación de los nuevos derechos de pesca para la anchoveta destinada al CHI, el Estado no ha cumplido con respetar los parámetros normativos vigentes, así como tampoco ha cumplido con realizar un adecuado análisis de impacto regulatorio, habiendo promovido un proceso regulatorio en base a una premisa que no identifica ni busca atender un problema real y termina dirigiendo el análisis a justificar una decisión preconcebida, lo que genera una alta posibilidad de traer como consecuencia un daño mayor al beneficio obtenido