Expediente No 0005-2016-PCC/TC: Caso de las Resoluciones Judiciales en Materia de Pesquería

El manejo de los recursos hidrobiológicos requiere de medidas que garanticen la protección y conservación en el largo plazo. Para ello, será necesario que la explotación de dichos recursos se desarrolle en un sistema de acceso, a través de títulos habilitantes, basado en evidencia científica y gestionado por instituciones competentes para desarrollar dicha labor. La Constitución Política y la LGP regulan que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales son patrimonio del país. En tal sentido, el Estado, a través del Poder Ejecutivo, es responsable de regular el ordenamiento pesquero, tomando en consideración que la actividad pesquera es de interés nacional. Por más de una década el Poder Judicial exigió al Ministerio de la Producción que otorgue permisos sin contar previamente con criterios técnicos proveídos por IMARPE ni requisitos solicitados de acuerdo con una ley especial. Por tal motivo, en el 2016 el Ministerio presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales. El presente trabajo tiene como objetivo analizar los fundamentos y decisión de la sentencia recaída en el expediente No 0005-2016-PCC/TC, respecto a la interpretación institucional del Poder Judicial, la cual habría incurrido en un menoscabo de las atribuciones del Ministerio de la Producción, la vulneración al derecho a la defensa del demandante, la elección de la vía competencial y la razonabilidad de la decisión final del Tribunal Constitucional