Territorio de experiencias comunicacionales en salud mental

En octubre de 2009 se promulga la Ley Provincial de Salud Mental en Córdoba y posteriormente, diciembre de 2010 la Ley Nacional de Salud Mental (26657). Ambas leyes se encuentran en proceso de reglamentación. Estas leyes significan un paso muy importante hacia un cambio de paradigma, en tanto conciben a las personas usuarias de los servicios de salud mental como sujetos de derechos y no como objeto de asistencia. El modelo de atención de salud mental aún vigente ha llevado a que las personas sean marginadas del ejercicio de sus derechos, obligadas a someterse a procesos de internación sin considerar su voluntad, negando su capacidad para tomar decisiones, hospitalizándolas en grandes centros de internación que imposibilitan mantener los lazos sociales y a veces son medicadas de forma innecesaria o excesiva. Todo esto ha hecho que los sujetos con padecimientos mentales sean estigmatizados y por eso restringidos sus derechos fundamentales, por ejemplo votar, tener hijos, casarse, trabajar. Este modelo ha llevado a destinar gran parte del presupuesto en salud mental (el 70% en el caso de Córdoba) a la mantención y funcionamiento de grandes hospitales monovalentes que asilan a las personas y favorecen su discapacidad social. El Estado Argentino y distintas organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando en los últimos años, sobre la reforma del sistema de salud mental. La promulgación de las Leyes Nacional y Provincial así lo indican. Sin embargo, los cambios son muy lentos y las transformaciones requieren de un esfuerzo que supera ampliamente las acciones de un gobierno y/o algunas organizaciones sociales. El escenario de la salud mental es por demás complejo, si consideramos la cantidad de personas internadas en instituciones de salud públicas y privadas, éstas llegan aproximadamente a 20.000, de las cuales el 80% permanecen internadas por más de un año. El 70% de ellas continúan internadas en hospitales psiquiátricos mucho tiempo más porque han perdido sus lazos familiares y sociales. Tampoco existen dispositivos comunitarios que pudieran contener a personas con capacidad de vivir en ella, pero cuyas condiciones familiares o económicas no le permiten hacerlo por sus propios medios. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una investigación realizada durante el año 2008 en Hospitales psiquiátricos del país, ha mostrado que en las mismas se pueden constatar graves hechos de abuso y negligencia, tales como muertes no investigadas, aislamiento y diversos actos de violencia física y sexual. Estos hospitales no cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios lo que deriva en el mal estado de las instituciones y la ausencia de mecanismos de supervisión por parte del Estado. Según información disponible en OPS/OMS, en los países desarrollados entre el 35% y el 50% de las personas que requieren atención en salud mental no la reciben. En los países en vías de desarrollo esta cifra asciende al 76% / 85%.iii Por todo lo expuesto se hace imprescindible que el Estado garantice el derecho de los sujetos con padecimiento mental, a recibir una adecuada atención de salud en base a un nuevo modelo de prestación, centrado más en los derechos que en la asistencia.Fil: Regis, Stella Marys. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias de la Comunicación; Argentina.Otras Comunicación y Medio