Invalidez material del delito de tráfico de influencias y su inaplicación por afectación al programa penal constitucional

Uno de los principales problemas en todo ordenamiento jurídico es la hiperinflación legislativa, sobre todo cuando se trata de regular conductas delictivas, lo que puede incluso atentar contra los principios que legitiman y limitan el ius puniendi estatal como el principio de legalidad, mínima intervención, lesividad, proporcionalidad, lo que puede generar que el ciudadano vea cada vez más limitada su libertad. Por ello, el objetivo perseguido en la presente investigación es determinar la invalidez material del delito de tráfico de influencias y su inaplicación por afectación al programa penal constitucional. En tal sentido, debemos señalar que respecto al delito de tráfico de influencias la doctrina no es unánime al determinar cuál es el bien jurídico protegido que se pretende tutelar, ni la obligatoriedad de su regulación por parte del Estado, lo que va a generar controversia respecto a la pertinencia de su regulación en el catálogo penal, toda vez que, un modelo de Derecho Penal cuyo cimiento se encuentran en el pensamiento liberal señala que se debe limitar lo estrictamente necesario y de manera clara, pues, si bien los principios mencionados constituirán límites al ejercicio del Ius Puniendi y del contenido de una norma penal. Así también, debemos indicar que, la ley penal debe tener por objeto la protección del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, como en el presente caso el bien jurídica administración pública. Siendo ello, la presente tesis analizará la invalidez material de la disposición normativa contenido en el artículo 400 del Código Penal, partiendo desde el análisis del pensamiento garantista, así como, desde la teoría del delito