Control de convencionalidad: análisis de la aplicación de los derechos de participación política en Ecuador: contexto de las elecciones generales 2021: caso UNES

El control de convencionalidad es conocido como un método o mecanismo jurídico conceptualizado e introducido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 26 de septiembre de 2006) mediante el cual el poder judicial o las autoridades competentes de un país, deben hacer una especie de comparación entre la normativa interna sobre derechos humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos para establecer su armonía mutua y así lograr un alcance más extensivo a la aplicación de estos derechos. La historia global nos ha demostrado la evolución de los derechos humanos y sus garantías, a través del acontecer socio político de los países y regiones del mundo, teniendo a la vista sucesos que marcaron un antes y un después en la lucha de la materialización de los postulados básicos de los derechos; en específico los derechos de participación política y su cambio de paradigma como aquellos que guían a las sociedades democráticas. Nuestro país no es ajeno a toda esta evolución, va siendo protagonista de su propio desarrollo en esta materia por varias acciones, nos centramos en la Carta Fundamental vigente, la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, la cual garantiza de manera expresa la aplicabilidad directa e inmediata de los derechos consagrados en su texto, así como también de instrumentos internacionales que garantizan derechos humanos, de la misma manera establece que estos deben estar sujetados a lo dispuesto en el texto constitucional. De esta manera, observamos que la aplicación de los derechos humanos en el Ecuador, específicamente los derechos de participación han sido muy cuestionados en los últimos años, específicamente en el proceso de elecciones generales 2021 desarrolladas en un contexto complicado tanto política como socialmente a causa de la emergencia sanitaria por COVID – 19. Desde la entrada en vigencia de la Constitución del 2008 que nos presenta un gran abanico de derechos humanos y garantías a los mismos, el accionar del Estado ha sido puesto en tela de duda a la hora de la aplicación material de la normativa vigente. En específico los derechos de participación en todos sus niveles han sido observados de cerca por instancias internacionales, buscando su correcta aplicación acorde a lo establecido tanto en la normativa interna y en los instrumentos externos reconocidos por el Estado Ecuatoriano. Dentro del proceso de elecciones generales 2021 en Ecuador, se presentaron varios recursos ante el Consejo Nacional Electoral y su Tribunal, entre ellos los entregados por el movimiento UNES “Unión por la Esperanza”, al alegar supuestas trabas para la correcta participación en la lid electoral del movimiento y de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. En virtud de lo expuesto el presente proyecto pretende investigar aquella obligación del Estado de garantía de los derechos humanos dentro del territorio, mediante la constancia de compatibilidad de la normativa y las practicas nacionales (Nash, 2019) , en específico de los derechos de participación política en un escenario de elecciones atípico ante las posibles vulneraciones de los mismos hacia el binomio presidencial del movimiento UNES, dirigiéndonos a analizar de manera cercana la importancia de la aplicabilidad de dichos derechos conforme a la normativa internacional de derechos humanos, en atención al control de convencionalidad.Conventionality control is known as a legal method or mechanism conceptualized and introduced by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (2006)through which the judiciary or the competent authorities of a country, must make a kind of comparison between the internal regulations on human rights and the American Convention on Human Rights to establish their mutual harmony and thus achieve a more extensive scope for the application of these rights. Global history has shown us the evolution of human rights and their guarantees, through the socio-political events of the countries and regions of the world, bearing in mind events that marked a before and after in the struggle to materialize human rights. Basic postulates of rights; specifically the rights of political participation and its paradigm shift as those that guide democratic societies. Our country is no stranger to all this evolution, it is being the protagonist of its own development in this matter through various actions, we focus on the current Fundamental Charter, the Constitution of the Republic of Ecuador of 2008, which expressly guarantees the direct and immediate applicability of the rights enshrined in its text, as well as international instruments that guarantee human rights, in the same way it establishes that these must be subject to the provisions of the constitutional text. In this way, we observe that the application of human rights in Ecuador, specifically the rights of participation, have been highly questioned in recent years, specifically in the 2021 general election process, which took place in a complicated context both politically and socially due to the health emergency due to COVID-19. Since the entry into force of the 2008 Constitution, which presents us with a wide range of human rights and guarantees for them, the actions of the State have been called into question when it comes to the material application of current regulations. Specifically, participation rights at all levels have been closely observed by international bodies, seeking their correct application in accordance with the provisions of both internal regulations and external instruments recognized by the Ecuadorian State. Within the 2021 general election process in Ecuador, several appeals were filed with the National Electoral Council and its Court, including those filed by the UNES "Unión por la Esperanza" movement, alleging alleged obstacles to proper participation in the electoral process of the movement and its candidates for the presidency and vice-presidency of the Republic. By virtue of the foregoing, this project intends to investigate that obligation of the State to guarantee human rights within the territory, through the proof of compatibility of national regulations and practices (Nash, 2019), specifically of the rights of political participation in an atypical election scenario due to the possible violations of the same towards the presidential binomial of the UNES movement, directing us to closely analyze the importance of the applicability of said rights in accordance with international human rights regulations, in attention to the control of conventionality.Abogado de los Tribunales de la Justicia de la República y Licenciado en Ciencias Políticas y SocialesCuenc