Consecuencias prácticas de la sentencia Su-479 de 2019 en acuerdos y negociaciones regulados en la Ley 906 de 2004 en Colombia

Los preacuerdos y las negociaciones hacen parte de la justicia consensual y en Colombia está regulado en la Ley 906 de 2004, se faculta a la Fiscalía General de la Nación a través de sus fiscales delgados celebrarlos con los imputados o acusados, derivado de este ejercicio el juez de conocimiento del proceso debe verificar que todo se haya realizado teniendo de presente el principio de legalidad y garantías fundamentales. La Corte Constitucional en Sentencia de Unificación 479 de octubre de 2019 resaltó el alcance que tiene el juez de conocimiento en su rol de juez constitucional al realizar el control, indica que su control es material por la naturaleza de lo que debe verificar, sin embargo, precisa que este control debe realizarlo de manera limitada porque la Constitución y la ley así lo indican. En la misma sentencia, la Corte reconoce la facultad discrecional que tiene la Fiscalía General para celebrar preacuerdos, pero también manifiesta que tiene límites en su actuación. La decisión de la Corte Constitucional trajo consigo descontento y confusión porque la Corte Suprema de Justicia en algunas de sus providencias había resaltado la posición de que el juez de conocimiento se limitara en el control y que solo lo ejerciera de manera formal, pero la Corte Constitucional indicó que la jurisprudencia de la Corte Suprema era muy variante, por lo que en salvaguarda de la Constitución tuvo que pronunciarse para minimizar la inseguridad jurídica que se venía presentando y también para contribuir al buen funcionamiento del sistema penal colombiano dentro del marco constitucional y legal.Pre-agreements and negotiations are part of consensual justice and in Colombia it is regulated in Law 906 of 2004, the Attorney General's Office is empowered through its thin prosecutors to celebrate them with the accused or defendants, derived from this exercise the The judge hearing the process must verify that everything has been carried out bearing in mind the principle of legality and fundamental guarantees. The Constitutional Court in Unification Judgment 479 of October 2019 highlighted the scope of the hearing judge in his role as constitutional judge when carrying out the control, indicating that his control is material due to the nature of what he must verify, however, It specifies that this control must be carried out in a limited way because the Constitution and the law so indicate. In the same judgment, the Court recognizes the discretionary power of the Attorney General's Office to enter into pre-agreements, but also states that it has limits to its actions. The decision of the Constitutional Court brought with it discontent and confusion because the Supreme Court of Justice in some of its rulings had highlighted the position that the judge of knowledge was limited in control and that he only exercised it formally, but the Constitutional Court indicated that the jurisprudence of the Supreme Court was very variable, so in safeguarding the Constitution it had to pronounce itself to minimize the legal insecurity that had been presenting itself and also to contribute to the proper functioning of the Colombian penal system within the constitutional and legal framework