Las viviendas desocupadas como objeto de medidas constrictivas

Constitucionalmente, sobre los poderes públicos recae un mandato para garantizar la posición jurídica del ciudadano que necesita un lugar donde vivir, así como el propietario de viviendas está amparado por el derecho de propiedad. La insuficiencia de las políticas tradicionales de los poderes públicos de adoptar medidas de promoción, subvencionando y ayudando a los más necesitados para acceder a una vivienda digna, ha dado paso a actuaciones que conllevan medidas tributarias o de otra naturaleza, también coactivas o coercitivas, y que no son distintas de las de otros países de nuestro entorno, pero que a la vista de muchas de las reacciones que están generando ante los tribunales no son siempre sencillas de conciliar con algunos presupuestos constitucionales, singularmente cuando un mismo hecho puede constituir el hecho imponible de un tributo y una infracción administrativa, o un hecho gravado por más de una Administración. De las posibilidades de acción sobre los propietarios (impuestos sobre viviendas desocupadas, expropiaciones de uso e infracciones) y sus límites se profundiza en este estudi