La facilidad probatoria en el Procedimiento de Tutela Laboral. Constitucionalidad y tramitación procesal

A principle that facilitates the efforts of proof was introduced by labor guardianship proceedings in the article 493 of the Chilean Labor Code. In this regard much discussion has held about its constitutionality, relating to the general rule of burden of proof, according to Chilean Civil Code Article 1698. The object of this paper is to answer critics to this institution from the perspective of Civil Procedure doctrine. To accomplish this, the work analyzes principles that had guided the civil procedural reforms, along with the relevance of the right of proof, and on whom should have the burden of proof. The paper includes a conceptualization of change of burden of proof and some relevant criteria to the subject in both national and compared laws to affirm this institution is fully compatible with a democratic rule of law. Also, the paper is aimed to answer the criticism about the legal proceedings of this rule, offering an interpretation according to both Chilean Constitution and due process of law.El procedimiento de tutela laboral introdujo en el artículo 493 del Código del Trabajo un principio de facilidad probatoria. Al respecto se han suscitado muchas discusiones acerca de la constitucionalidad de esta norma en relación a la regla general de carga de la prueba del artículo 1698 del Código Civil. El presente trabajo intenta responder algunas críticas a esta institución, desde la perspectiva de la dogmática procesal civil. Se analizan los principios que han guiado las reformas procesales civiles, así como la importancia del derecho a la prueba y sobre quién debe recaer la carga de la misma. Luego se ofrecerá una conceptualización de la inversión probatoria, y de algunos criterios relevantes sobre la materia en el derecho nacional y comparado para sostener que es plenamente compatible con un Estado democrático de Derecho. Asimismo se intentan responder las críticas sobre la tramitación procesal de esta norma, proponiendo una interpretación plenamente compatible con la Constitución y el debido proceso