La revisión jurisdiccional de las sanciones administrativas y la garantía del recurso de plena jurisdicción

A brief analysis of the procedural regime for challenging administrative sanctions is presented, within the general framework of the dysfunctionalities presented by the inorganic and fragmented framework of the current Chilean Administrative Justice. The paper examines the problem of the faculties of the judge and the standard of review that should enable these special procedural mechanisms. The criticisms formulated by the specialized Chilean literature as well as the reference to the European Human Rights system that establishes the requirement of the Full Jurisdiction Resource as a specific device integrated in the guarantee of the equitable process are included as a parameter for this. Under this prism is advocated a broad and extensive role of the Courts called to prosecute the legality of the decisions of the Administration, in harmony with the constitutional principles of fair and rational procedure. The author questions whether the scattered contentious-administrative regime allows to reach that threshold of procedural requirements minimally compatible with the plenary standard in judicial review.Se presenta un somero análisis del régimen procesal de impugnación de las sanciones administrativas, en el marco general de las disfuncionalidades que presenta el inorgánico y fragmentado cuadro de la actual Justicia Administrativa chilena. El trabajo examina el problema de las facultades del juez y el estándar de revisión que deberían posibilitar estos mecanismos procesales especiales. Se recoge como parámetro para ello tanto las críticas formuladas por la literatura chilena especializada como la referencia al sistema europeo de Derechos Humanos que plantea la exigencia del Recurso de Plena Jurisdicción como un dispositivo específico integrado en la garantía del proceso equitativo. Bajo este prisma se aboga por un rol amplio y extensivo de los Tribunales llamados a enjuiciar la legalidad de las decisiones de la Administración, en armonía con los principios constitucionales del justo y racional procedimiento. El autor cuestiona si el disperso régimen contencioso-administrativo vigente permite alcanzar ese umbral de exigencias procesales mínimamente compatibles con el estándar plenario en la revisión jurisdiccional