El agotamiento de las diligencias administrativas como requisito previo a la judicialización del delito de evasión de impuestos contra la Hacienda Pública Municipal

El Estado está organizado a efecto de asegurar a los habitantes de la República, a quienes reconoce como el origen y fin de la actividad del mismo, el goce de sus derechos, y para tal fin le es necesario hacerse de los recursos económicos y materiales que le permitan proteger, practicar, difundir y restituir esos derechos, mediante la determinación de sus funciones, así como de los deberes de los administrados. La Hacienda Pública se concibe, en su aspecto funcional, como la actividad financiera, dirigida a la obtención de ingresos y a la satisfacción de gastos, y Constitucionalmente se asigna la dirección de las finanzas públicas al “Ramo Correspondiente” del Órgano Ejecutivo, cual es el Ministerio de Hacienda. En el ámbito local, las funciones-atribuciones del Estado, son conferidas a las municipalidades, a las que la Constitución y la normativa secundaria ha dotado de amplias facultades y deberes; siendo para el caso de las municipalidades, que la función de dirección de su Hacienda Pública, es decir de las finanzas públicas municipales, está a cargo de la Administración Tributaria Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley General Tributaria Municipal. Todos deben aportar para el funcionamiento del Estado, y en el caso que nos ocupa, del municipio, y los servicios que éste presta a todos sus habitantes, quienes deben beneficiarse y usar estos servicios de acuerdo a las necesidades de cada uno, por lo que contribuir en un deber y un derecho. La judicialización del delito de Evasión de Impuestos bajo ciertas modalidades de comisión, está sujeta a la determinación del quantum del impuesto evadido, dado que esto es un requisito de prejudicialidad establecido en el Código Penal, pero esto dificulta la persecución penal del delincuente económico, y puede inclusive generar impunidad, con la posible prescripción del delito