El Control de Convencionalidad frente al Control Concentrado Constitucional en El Ecuador

The Principle of Conventionality allows us to examine adequate compliance with the international treaties of all States Parties, members of the American Convention on Human Rights, created in San José, Costa Rica in November 1969. In this way it is vital that the authorities – especially the judicial authorities – comply with these provisions, according with the articles 1 and 2 of this instrument. Ecuador requires the incessant search to collate domestic legislation and the international treaties that have been corroborated to date, and to apply in a timely manner the accentuated in the aforementioned articles. The System of Concentrated Control of the Constitution in Ecuador is based on the fact that there must be only one a maximum specialized and autonomous must be only one – the Constitutional Court – which will have the competence to decide in the last and final instance all issues constitutional matters, a diffuse control. In this way, the judges of the Constitutional Court are empowered to control the he constitutionality of the infra-constitutional norms invoked within a judicial process.El Principio de Convencionalidad nos permite examinar un adecuado cumplimiento de los tratados internacionales de todos los Estados Partes, miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos, creados en San José de Costa Rica en noviembre de 1969. De esta forma es vital que las autoridades —sobre todo la judicial— cumpla estas disposiciones, tomando en consideración los artículos 1 y 2 de este instrumento. El Ecuador requiere la búsqueda incesante de colacionar entre la legislación interna y los tratados internacionales corroborados hasta la actualidad, y aplicar de manera oportuna lo acentuado en los artículos anteriormente señalados. El Sistema de Control Concentrado de la Constitución en el Ecuador, se fundamenta en que solo debe existir un máximo organismo especializado y autónomo – Corte Constitucional – el cual tendrá la competencia para decidir en última y definitiva instancia todos los asuntos en materia constitucional, un control difuso. De esta manera los jueces o juezas de la Corte Constitucional, están facultados para efectuar un control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales invocadas dentro de un proceso judicial.&nbsp