Tasas judiciales : su controversia desde el Derecho Tributario = Court fees: controversy from Fiscal Law

La insuficiencia de recursos económicos que presentó el Estado español a causa de la crítica situación financiera y las exigencias provenientes de la Unión Europea, ha provocado la necesidad de buscar nuevos medios de financiación, para impedir la disminución, tanto cualitativa como cuantitativamente, de los servicios prestados por la Administración de Justicia. La implantación de las Tasas Judiciales fue objeto de críticas y propuestas contrarias, provenientes de grupos sociales y políticos, así como el origen de enfrentamientos entre los Entes Autonómicos y el Estado por la falta de limitación de competencias entre la Administración de Justicia en sí y la administración de la Administración de Justicia. Pese a lo que pudiera pensarse, las tasas judiciales no son una figura novedosa, pues ya desde el año 1959 existían aranceles judiciales para el acceso a la justicia, que han sufrido múltiples reformas, derogaciones y actualizaciones hasta los actuales tributos regulados en la Ley 10/2012, la cual se ha desarrollado y modificado por numerosos Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, hasta encontrarse en la situación actual. Presupuestariamente, las tasas judiciales han cumplido su objetivo recaudatorio superando las expectativas indicadas por el Gobierno, pero también han dado lugar a un notable efecto disuasorio, evitando la interposición de escritos no suficientemente fundamentados