Incorporación del defensor del pueblo en Chile como tutor de los derechos ciudadanos

Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas)La institución actualmente llamada "Ombudsman", o defensor del pueblo, es una creación sueca existente desde 1713, y tiene como principal finalidad, la defensa de los derechos ciudadanos frente al poder de la administración. En la actualidad, un gran número de países ha incorporado ésta institución a su ordenamiento jurídico, transformándose en un recurso de uso directo de gran prestigio y obligatoriedad moral, para que los ciudadanos puedan hacer efectivos sus derechos humanos y ciudadanos, frente a excesos de poder de organismos de la administración en sus respectivos estados. El "Ombudsman" es también conocido como: el Defensor del Pueblo, Defensor del Ciudadano, Procurador General, Contralor del Estado, Comisionado, Defensor Cívico, Prokuratura, Abogado Social de la Autogestión, Proveedor de Justicia, Abogado del Pueblo o Fiscal Popular, Mediador, entre muchos otros. Las facultades del "Ombudsman" varían dependiendo del país en donde veamos desarrollada su institución. Por ejemplo, el Alemania vemos que apunta a velar por la dignidad militar; mientras que en otros países está encargado de la defensa de los niños, a la no discriminación de sexos o a la discriminación étnica, o desarrollados en relación con la protección de la totalidad de los derechos fundamentales. Pero en el ámbito en donde más ha proliferado, es en la institución del control de "los actos de la administración", o, en velar por la dignidad de las personas frente a las actuaciones administrativas del Estado. Los sistemas de nombramiento también son variados, ya sea exclusivamente por el Parlamento como en países como Suecia, Finlandia y Dinamarca; por el Poder Ejecutivo en naciones como Egipto, Filipinas y Francia; o a través de un nombramiento compartido entre Parlamento y Ejecutivo, como ocurre en países como Israel y Canadá. En el Proyecto de Ley propuesto en Chile, el Ombudsman sería nombrado por el Presidente de la República con acuerdo de la Cámara de Diputados. La complejidad del Estado Chileno contemporáneo, y las crecientes necesidades públicas, que requieren con urgencia una solución rápida y eficaz, van generando un estado de necesidad en las personas frente a los organismos de la administración, situando a los ciudadanos en una indefensión permanente al no encontrar las respuestas y soluciones concretas que necesitan para remediar sus problema cada vez mayores. Los mecanismos tradicionales del Estado de derecho que pretenden amparar la dignidad de la persona, implican desatar el formalismo del órgano de amparo respectivo, arrancarlo de su estática, en un procedimiento normalmente costoso, rígido y burocrático, que implica, por su complejidad, la contratación de profesionales que gestionen y muevan al aparataje del Estado que incidan en la protección. Hoy en día el Estado tiene un sin número de mecanismos para proteger a las personas, tales como: recursos judiciales, administrativos, legislativos etc.-, pero estos no son funcionales, sino que por el contrario, son ineficaces cuando se trata de proteger a la persona