El futuro del estado autonómico en España : ¿bloqueo o reformulación?

El Estado autonómico fue la gran invención de la Constitución Española de 1978. España dejó de ser un Estado centralista y optó por un alto grado de descentralización. A lo largo de cuatro décadas, el Estado de las autonomías se ha consolidado, pero también debe resolver dos crisis diversas: el desgaste del modelo territorial tras cuarenta años de funcionamiento y la crisis de Cataluña. Entre los posibles escenarios, la reformulación del Estado autonómico es la salida más razonable. Es preciso identificar cuáles son los problemas de la organización territorial española y examinar de qué manera los sistemas sobre todo federales pueden ayudar a resolverlos. Sin embargo, una reforma constitucional en sentido federal es prácticamente imposible. La responsabilidad de reformar el modelo territorial corresponde a los partidos políticos y las divergencias entre ellos sobre cuáles deben ser los cambios son antagónicas. Deberían recuperarse consensos, como se hizo en España en 1978. Sin cambios, persistirán los problemas.The State of autonomies was the great invention of the Spanish Constitution of 1978. Spain ceased to be a centralist state and opted for a high degree of decentralisation. The State of Autonomies has consolidated over the past four decades, but it must also resolve two different crises: the crisis of the territorial model after 40 years in existence and the crisis in Catalonia. Among potential scenarios, the reformulation of the State of Autonomies is the most reasonable solution. It is necessary to identify the specific problems of Spanish territorial organisation and explore how other systems, especially federal ones, can help to resolve them. However, a constitutional reform in a federal sense is virtually impossible.. The responsibility for reforming the territorial model rests with political parties, and the differences among them about what changes should be implemented are irremediable. Consensus needs to be reached again, as occurred in Spain in 1978. If nothing changes, problems will persist