Acceso a la función pública autonómica y doctrina constitucional (Comentario a la STC de 11 de febrero de 1999)

[ES]Entre los requisitos de una buena constitución política se encuentran, sin duda, los principios de participación y de igualdad, enunciados conjuntamente en el artículo 6 de la Declaración de derechos del hombre y el ciudadano de 1789 («La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho a participar personalmente, o a través de sus representantes, en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto cuando protege como cuando castiga. Siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus méritos y capacidad») y en el artículo 23 de nuestra Constitución («1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes»). Los derechos a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos, guardan una estrecha relación con el sistema democrático. La interpretación del artículo 23.2 (2) lo considera manifestación específica de la igualdad ante la ley, como pone de relieve la STC 86/1987, de 2 de junio, y resalta su conexión con los principios de mérito y capacidad, como recuerda la STC 193/1987, de 9 de diciembre