Consulta y debido proceso sobre cumplimiento de formalidades y procedimiento en remoción de autoridades seccionales

El régimen electoral vigente en Ecuador es producto de una trascendente reforma constitucional aprobada por el Pueblo Ecuatoriano en el año 2008 siendo uno de los aspectos centrales el establecimiento de un sistema de justicia electoral cuyo máximo ejecutor es el Tribunal Contencioso Electoral. Importante fue desarrollar lo que entendemos por democracia y su relación con la justicia electoral. Nuestro ordenamiento jurídico y político es uno de amplias libertades humanas y civiles, que garantizan la expresión y la participación de la mayoría como de las minorías, un sistema normativo que aspire a administrarlo debe ser flexible, pero a la misma vez inclemente con las infracciones a los principios fundamentales que nos aglutinan cono pueblo civilizado y democrático. Analizar esta innovación constitucional posibilitó entender una de las funciones del nuevo órgano público que a través de sus Jueces están llamados a administrar justicia electoral en relación con la absolución de consultas sobre formalidades y procedimiento de remoción de las autoridades de los gobiernos seccionales autónomos previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización a efecto de asegurar la aplicación y promover el respeto del derecho al debido proceso y seguridad jurídica en el procedimiento de remoción. La investigación permitió establecer que el órgano público viene cumpliendo su rol como vigilante y accionante del debido proceso en materia electoral, atendiendo las absoluciones de consultas propuestas por las autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados que han sido removidos y tienen la legitimación activa para presentar la consulta correspondiendo efectuar una concreta reforma legal a efectos de garantizar y guardar armonía con los derechos constitucionales al Debido Proceso y Seguridad jurídica