El gobierno de las Universidades:¿Regulación o incentivos?

En 1983 la Ley de Reforma Universitaria (LRU) redefinió el marco institucional de la universidad Española y permitió, sin embargo, que esta fuera capturada, patrimonializada, por los claustros universitarios en la defensa de cuyos intereses se ejerce la autonomía universitaria. El problema de la universidad actual no es la falta de autonomía universitaria sino el uso espurio que se hace de esta y que ninguna reforma legal ha sido capaz de contrarrestar eficazmente. En el futuro, cualquier intento de reforma debe centrarse no solo en la redefinición del marco legal sino también en el establecimiento de incentivos adecuados, en concreto en el establecimiento de un sistema de financiación de gasto corriente por objetivos. El actual envejecimiento de los claustros universitarios supone una oportunidad única de llevar a cabo una reforma en profundidad de la universidad, vinculando los previsibles aumentos en el gasto público a la adopción de prácticas internacionalmente aceptables de incorporación de talento, a semejanza de las que ya existen para la incorporación de investigadoresThe 1983 University Bill redefined the Spanish university, though it allowed most universities to fall into the hands of internal lobbies whose interests have come to dominate academic life. Later legal reforms have failed to solve the problem. To be successful, any future reform should take into account introducing economic incentives to good and sound university governance and not only changes in the institutional setting. Linking any foreseeable increase in the transfer of public funds to good and well-known practices in the selection of its academic staff is highly recommende