La tipificación del phishing, smishing y vishing en nuestro sistema penal peruano, para la lucha contra la ciberdelincuencia en Lima, 2020

La criminalidad informática o la ciberdelincuencia es un delito realizado mediante la utilización de medios tecnológicos. Estas conductas se materializan principalmente con la obtención de datos informáticos, suplantación de la identidad, vulneración al secreto a las comunicaciones y la interceptación de datos informáticos o fraude informático. De ahí nace la importancia de crear mecanismos para proteger el sistema informático creando seguridad informática. Por otro lado, gracias a la globalización, muchas personas se han beneficiado adoptando el e-commerce “comercialización y venta de productos a través de medios electrónicos”, y con ello yace la necesidad de proteger aquellas actividades económicas que se realizan por medios digitales. Es por ello que entró en vigencia la Ley de delitos Informáticos n.º 30096 y su modificatoria la Ley n.º 30171. A partir de este momento la ley adquirió mayor relevancia, ya que tiene como objetivo primordial la protección de bienes jurídicos. Para su elaboración nuestros legisladores utilizaron bases internacionales como el convenio de Budapest, convenio creado para hacer frente a los delitos informáticos a través de mecanismos de homologación de normas de derecho penal sustantivo. No obstante, el Perú recién en el año 2019 incorporó su tratamiento mediante resolución Legislativa n.º 30913 y fue ratificado mediante Decreto Supremo n.º 010-2019-RE. Esta deficiencia legal nos llevó a que durante muchos años se cometan fraudes cibernéticos sin que se tomen medidas acordes a la importancia requerida. El objetivo de este trabajo es implementar las modalidades como el phishing, smishing y vishing como delitos penalizables en nuestro sistema penal, reforzar mecanismos ya existentes para la prevención de los delitos cibernéticos y la importancia de adquirir una educación en seguridad informática en el Perú, nuestra realidad social hoy en día nos ha hecho ver que tenemos deficiencias legales para el tratamientos de los delitos informáticos y su aplicación, la falta especializaciones con respeto al proceso legal para la imputación del delito, la carencia de medios tecnológicos para facilitar el trabajo de los fiscales y sobre todo la imposibilidad para identificar el perpetuador del daño.Computer crime or cybercrime is a crime carried out through the use of technological means. These behaviors mainly materialize with the obtaining of computer data, identity theft, violation of communications secrecy, interception of computer data or computer fraud; hence the importance of creating mechanisms to protect the computer system by creating computer security. On the other hand, thanks to globalization, many people have benefited by adopting e-commerce "commercialization and sale of products through electronic means", and with this lies the need to protect those economic activities that are carried out by digital means. This is why the Computer Crimes Law nº. 30096 and its amendment Law nº. 3017 came into force, from this moment the law acquired greater relevance, since its primary objective is the protection of legal assets, for its preparation our legislators used international bases such as the Budapest Convention, an agreement created to deal with computer crimes through mechanisms of homologation of substantive criminal law standards; However, Peru only in 2019 incorporated its treatment through Legislative Resolution nº. 30913 and it was ratified by Supreme Decree No. 010-2019-RE, this legal deficiency led us to commit cyber fraud for many years without the required importance. The objective of this work is to implement modalities such as phishing, smishing and vishing as criminal offenses in our penal system, reinforce existing mechanisms for the prevention of cybercrimes and the importance of acquiring an education in computer security in Peru, our Today's social reality has made us see that we have legal deficiencies for the treatment of computer crimes and their application, the lack of specializations with respect to the legal process for the imputation of the crime, the lack of technological means to facilitate the work of prosecutors and above all the impossibility to identify the perpetrator of the damage