La trascendencia del programa de cumplimiento empresarial en el delito de lavado de activos

A través de los últimos años el mundo ha ido cambiando considerablemente con el uso de tecnología, ha sido un gran factor determinante que facilito la vida de muchas personas, teniendo en cuenta los avances de la modernización; todo ello ha sido provechoso por las grandes sociedades modernas y el Estado peruano no ha sido ajeno a este cambio social que se ha trasmitido con la globalización. A raíz de este cambio modernista, el sector empresarial también ha ido acoplándose a este factor novedoso; sin embargo, así como la modernización ha traído consigo elementos positivos, cosas productivas para el hombre, también ha traído muchos factores negativos como nuevos delitos que han aparecido de naturaleza compleja (delitos sofisticados, delitos no convencionales y delitos con la criminalidad empresarial, entre otros neos tipos penales). En tal medida, se ha implementado una política criminal contra estos delitos modernos, resaltando entre ellos el lavado de activos donde muchos países, incluyendo el Perú, han implementado en su sistema jurídico interno mecanismos de prevención y lucha contra este tipo penal, porque afecta directamente el normal desarrollo funcional de la economía y otros bienes jurídicos (delito pluriofensivo) de la sociedad peruana. En buena cuenta, a nivel internacional se han ido creando diversos dispositivos jurídicos legales -Convención de Viena, Convención de Palermo, Convención de Mérida u otros- para neutralizar el Lavado de Activos, en donde múltiples países se adhieren a esta lucha, con la única finalidad de aminorar y sancionar al fenómeno delictivo del lavado de activos, ya que tiende a evolucionar su accionar criminal operativo. Por ende, no es nada extraño visualizar que el lavado de activos se ha vinculado con la actividad empresarial de forma directa e indirecta, ya que los bienes, dinero, efectos o ganancias que produce este tipo penal complejo se caracterizan porque la procedencia es ilícita y tiende a buscar que se entremezclen con las ganancias económicas formales y lícitas de la comunidad. Cuyo propósito delincuencial es constreñirse con las actividades lucrativas patrimoniales de la empresa privada para integrar las ganancias o bienes de procedencia ilegal, por ejemplo, mediante la adquisición de compra y venta de productos laborales, préstamos bancarios de elevadas sumas de dinero, compra de bienes muebles e inmuebles, etc. Y de esa forma seguir fortaleciendo los lazos principales del delito de lavado de activos en sus dos componentes focalizados; la recapitalización y disfrute impune de los bienes ilegales mezclados. Motivo que ha llevado al Estado a integrar a través de una política prevencionista dentro de su ordenamiento legal la implementación de programas preventivos contra el delito de lavado de activos. Siendo que muchas empresas nacionales e internacionales se han visto en la necesidad de utilizar mecanismos alternativos de prevención como un programa de cumplimiento normativo, que regule el control y supervisión prevencionista a este delito dentro de la actividad empresarial privada y fuera de ella con las terceras personas, que se encuentran vinculados con la empresa por los diversos motivos (laborales, comerciales, actividades de servicios, socios de negocios, etc.). En ese orden de ideas, los mecanismos preventivo de cumplimiento empresarial en una lucha prevencionista contra el delito de lavado de activos en el ámbito del sector empresarial privado deben de contener, exigentemente, requisitos legítimos (un encargado de velar por el cumplimiento cabal del mecanismos técnico, un canal de denuncias confiable u otros), que cumplan los estándares de eficacia por resultados satisfactorios en bienestar de la propia institución y la sociedad