El General Herrera, humorista. En los momentos de reconstruir el Consultivo

El 14 de abril se organizó un encuentro entre el sector civilista del liberalismo y el jefe supremo de ese partido, Benjamín Herrera (1850-1924). Esta reunión, que se llevaría a cabo en la finca La Esperanza, se presentó como una última oportunidad para solventar la crisis que atravesaba la “Reintegración Liberal”. Al parecer, una inconformidad respecto a la cuota de representación que merecía el sector civilista seguía causando disgustos, pues Herrera no había dado lugar a este grupo dentro de las listas electorales que irían a las Asambleas departamentales. Ante odios, denuncias por corrupción electoral, despotismo, exclusivismo y recriminaciones, el fracaso del diálogo entre los sectores del liberalismo sugería la posible disolución de toda iniciativa reintegradora. Para ampliar la información al respecto, siga el enlace: http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/r_rendon/id/94 La primera reunión no representó mayores avances y ello obligó a que Alfonso López Pumarejo (1886-1959) y Luis Cano Villegas (1855-1950) acompañaran al líder liberal a su recinto en Apulo para sostener un diálogo más privado. Como resultado de las conversaciones entre estos líderes liberales, surgió el Pacto de Apulo que reformaba algunas políticas del liberalismo acordadas meses antes, durante la Convención de Ibagué. En la columna editorial publicada el día 17 de ese mes, se anunció que el acuerdo había sido firmado por el general Herrera y los señores López, Camacho, Santos y Luis Cano y que, además, sería “autorizado en Bogotá por los más prestigiosos representantes de los distintos matices del liberalismo” (Columna editorial “El Pacto de Apulo”). Posteriormente, el 23 de ese mes, se informó que los acuerdos alcanzados en Apulo habían sido anulados porque Herrera no había dado paso alguno para su cumplimiento, y había aprovechado la tregua para poner en las listas de las Asambleas departamentales a sus adeptos y colaboradores, no a los candidatos civilistas. En resumen, la falta de voluntad de Herrera para reconocer a los actores de su partido que conservaban una consciencia autónoma, generó la ruptura de todo esfuerzo reintegrador. En la edición del día posterior, correspondiente al número 651 de "La República", se divulgó la lista de los designados que harían parte del Consejo Consultivo: Antonio José Restrepo (1855-1933), Carmelo Arango (1854-?), Nemesio Camacho Macías (1869-1929), Luis Eduardo Villar Arana, Samuel Montaña, Francisco de Paula Borda, Lucas Caballero, Germán del Corral y Luis de Greiff, algunos de ellos civilistas. Sin embargo, estos candidatos no fueron validados por los negociadores de Apulo porque la formación del Consejo ya no estaba sujeta a ningún acuerdo y los nombramientos fueron interpretados como provocaciones de Herrera. En la edición del 25, número 652, Ricardo Rendón expuso a Herrera riendo burlonamente mientras proponía los nombres del Consejo Consultivo: no los que debían venir de un proceso de reflexión inspirado en el ánimo conciliatorio del Pacto de Apulo, sino los que él consideraba idóneos según los estatutos del partido, establecidos durante la Convención de Ibagué. En esa misma edición, la redacción de "La República" comentó sobre las bases ideológicas de este debate, que seguía provocando divisiones y críticas. Tres perspectivas representaban las diferencias en torno al Pacto de Apulo: por un lado, Benjamín Herrera creía que “la base del pacto era un absoluto respeto a la organización del partido y a las normas de la Convención de Ibagué”, pautas que resultaban excluyentes de los sectores más críticos del liberalismo; por otro lado, los civilistas defendían que la base del acuerdo se encontraba en la defensa de la Unión Liberal y la Reintegración, así como en la escogencia de candidatos a las asambleas que fuesen “representativos de los diversos matices de la opinión liberal”, y por último, la redacción de "La República" defendió que la base del acuerdo era el reconocimiento de los elementos civilistas que se recomendaban al apoyo de colectividades políticas progresistas. Las tres posturas ponían en perspectiva tres intereses diferentes: la imposición de una disciplina sectaria; la igualdad de representación para todos los agentes liberales y, finalmente, la conformación de un programa que incluyera a todas las vertientes de esta tendencia política