El principio de legalidad en el código de ética parlamentaria

El Poder Legislativo, este importante órgano del Estado es político porque en el se ejerce la representación popular elegida por la voluntad ciudadana, la integran los congresistas y tienen como parte de sus funciones legislar, fiscalizar el uso adecuado de los recursos públicos y representar a la población ante las diversas entidades del Estado, lo cual permite un acercamiento de la ciudadanía a sus autoridades, que en el transcurso del tiempo ha logrado grandes cambios en la política descentralizada. La Constitución Política del Perú en sus capítulos I, II y III del título IV de la Constitución Política y el Reglamento del Congreso que tiene fuerza de ley, establecen la organización, las funciones y los procedimientos parlamentarios y legislativos de nuestro Congreso Nacional. Asimismo, en su artículo 90º señala: «El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única. Está integrado por 130 congresistas y son elegidos por un periodo de 5 años», estas atribuciones que le otorga la Constitución Política al Poder Legislativo, se encuentran en los artículos 90° al 109°, 115° al 118° y 130° al 134°.Parte del concepto de lo político está referido al desempeño virtuoso de los cargos representativos y la responsabilidad que ello demanda. En consecuencia, la ética no debe quedar suspendida durante el ejercicio de su labor política, al contrario, a partir de ella se califican las conductas políticas de todo funcionario público, en este caso, los congresistas ejercen actos que son observados por la ciudadanía, lo cual exige de parte de ellos mantener una conducta ética intachable, que será la respuesta a la confianza concedida por su elector. En esa línea de acción, la labor de los parlamentarios es independiente y no está sujeto a mandato imperativo, ni a interpelación. El Reglamento del Congreso, en el artículo 23° inciso c), determina que los congresistas durante su mandato deben mantener una conducta ejemplar, tolerancia y respeto mutuo. Así como, observar las normas de cortesía de uso común y las de disciplina parlamentaria, como parte de sus deberes funcionales. Aunque,no sería necesario exigirlo el Reglamento así lo establece en sus artículos 24° y 61° referidos a las sanciones y la disciplina parlamentaria. Los artículos1°, 2°, 4° y 6° del Código de Ética determinan los principios, deberes de conducta y el respeto a sus colegas. En consecuencia, la observación analizada en este trabajo de investigación refiere a la ausencia de la falta de taxatividad respecto al ámbito de ilícito sancionable en el Código de Ética, las conductas prohibidas no están debidamente sancionadas por la ley, tampoco se establece la gradualidad de las sanciones ante cada inconducta, lo cual va en contra del Principio de Legalidad, según el cual: «Nadie será procesado, ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley». (Constitución Política del Perú Art. 2, inciso 24 literal d). Asimismo, el subprincipio de taxatividad o tipicidad como parte del principio de legalidad, no solo se debe cumplir en la determinación de la sanción, sino también en las infracciones constitucionales, debido a que toda sanción supone la afectación de derechos. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 1156-2012-PHC/TC, en el cuarto fundamento establece que el debido proceso se debe respetar en sede parlamentaria no sólo en los procesos de antejuicio y de juicio político, sino también en las comisiones investigadoras, ordinarias y especiales. Por ello, considero que se debe cambiar la generalidad que presenta el actual Código de Ética en la determinación de la sanción, ante una determinada inconducta que no está explícitamente regulada, ni tipificada y que ha generado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El principio de legalidad y subprincipio de taxatividad, es una de las garantías del debido proceso, reconocidas por la Constitución así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las resoluciones que al respecto se han emitido también a través de Organismos Internacionales de protección de Derechos Humanos. Respecto al subprincipio de la taxatividad es preciso indicar, que no solo se aplica en el derecho penal, sino también en el derecho administrativo sancionador, pero ello, requiere tres exigencias previas: la existencia de una ley (lex scripta),que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa) y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa). Tribunal Constitucional (08 de agosto del 2012),SentenciaN°000156-2012-PHC/TC (César Humberto Tineo Cabrera).Campus Lima Centr