¿Cumple Colombia con los estándares internacionales en reparar víctimas por causa del conflicto armado interno?

La principal finalidad del Estado Social de Derecho radica en incorporar principios constitucionales y democráticos a la vida política y social a través de las ramas del Poder Público y sus órganos –ejecutivo legislativo, judicial y de control–. Esto incluye la promoción, divulgación y desarrollo de los Derechos Humanos en concordancia con las normas internas y supranacionales, para lo cual se exige hacer uso de todas las herramientas jurídicas que le permiten al Estado cumplir con dicha misión; única capaz de garantizar la paz y la convivencia armónica de los ciudadanos. En Colombia la vulneración de Derechos Humanos se presenta desde hace ya más de cinco décadas como consecuencia de un conflicto interno caracterizado por su crudeza y prolongación en el tiempo. En este contexto y desde la óptica del Derecho Internacional, de acuerdo con las cifras de CODHES, Colombia es el segundo país del orbe con mayor número de desplazados. Entre los años 1985-2008 más de cuatro millones de personas tuvieron que dejar sus hogares por causa del conflicto. Estas personas no solo perdieron sus tierras, sino que, además, entraron a engrosar los cinturones de miseria de las principales urbes, con las consecuencias sociales y económicas que esto acarrea. El recrudecimiento del conflicto y su permanencia prolongada en el tiempo han terminado por ocasionar la pérdida del reconocimiento de los Derechos Fundamentales. Punto en el cual se debe recalcar que, el Estado colombiano ha sido ineficaz e inoperante al momento de proteger estos Derechos, así como ha sido ineficaz, también, al brindar la atención oportuna y diseñar políticas y estrategias capaces de frenar el desplazamiento. En relación con el desplazamiento ha señalado la Corte Constitucional, en jurisprudencia reiterada, que se trata de una práctica que vulnera los Derechos Humanos y fundamentales inherentes a la totalidad de la población colombiana –incluidos los pueblos indígenas– que se ha visto desarraigada de su hábitat en razón del conflicto armado interno, dando así lugar a un estado de cosas inconstitucional (Cfr. Colombia. Corte Constitucional, St. T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Los diferentes planes y medidas implementadas por el Estado colombiano con el fin de mitigar el desplazamiento y su impacto se han mostrado insuficientes para disminuir los efectos directos de este delito de lesa humanidad sobre las víctimas, así como se han mostrado también insuficientes para disminuir los daños colaterales que recaen sobre la sociedad en general. A lo anterior se suma la inexistencia de una política pública construida desde abajo y con participación efectiva de la población desplazada. En consecuencia, la política pública actualmente existente no logra dar cuenta de las particularidades propias de tan complejo fenómeno ni atiende a los requerimientos básicos de los desplazados, quienes, por lo general, terminan recibiendo únicamente ayuda de naturaleza asistencial, sin que se persiga una solución estructural ni se materialicen acciones graduales que propendan por una verdadera justicia que incluya la reparación y las garantías de perdón y no repetición como ejes estructurales de los derechos de las víctimas. La presente investigación busca identificar aspectos relevantes en la reglamentación internacional y nacional relacionada con la reparación integral que debe brindarse a las víctimas del desplazamiento en Colombia. Para lograr esta finalidad se tiene como punto de partida lo señalado por la Corte Internacional cuando indica que debe garantizarse el acceso de las víctimas a los mecanismos de reparación integral. Por lo tanto, resulta necesario indagar el desarrollo jurisprudencial en torno a los derechos y garantías que tienen las víctimas del desplazamiento –incluyendo el tema de la de indemnización–. El Estado colombiano debe asumir la responsabilidad de reparar a las víctimas del desplazamiento forzado, lo que incluye la indemnización adecuada y justa dentro en un plazo razonable. Lo anterior permitirá garantizar el deber jurídico de ofrecer a las víctimas reparación integral, conforme a lo ordenado por los estándares internacionales. Son deberes del Estado colombiano velar por que se acaten las normas del Derecho Internacional, evitar violaciones de los Derecho Humanos, realizar investigaciones para impartir justicia y resarcir integralmente a las víctimas. Con base en lo anterior, este proyecto desarrolla, en primer lugar, un estudio que busca determinar el grado de efectividad de los parámetros que rigen la reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. En segundo lugar, el estudio se encuentra dirigido a analizar la situación de las víctimas de desplazamiento a la par que hace un aporte que incluye propuestas y soluciones legales, sociales y económicas aplicables en el corto, mediano y largo plazo, para así contribuir a la reparación, el retorno a los lugares de origen y el restablecimiento integral de los derechos de las víctimas. Toda la investigación ha sido desarrollada partiendo de la importancia de la Justicia Transicional y el papel que está llamada a jugar en una sociedad como la colombiana, la cual se encuentra fragmentada por la violencia. La Justicia Transicional se presenta, así, como el único camino fiable y seguro para alcanzar una paz estable y duradera. De conformidad con lo señalado por el Centro Internacional para a Justicia Transicional (ICTJ), la importancia de esta radica no solo en poner fin a los conflictos armados cruentos y prolongados, sino que además permite: la creación de instituciones responsables –en este caso la JEP– que permitan recuperar la confianza de los administrados en la labor del Estado; garantizar que los sectores más vulnerables de la sociedad puedan acceder a la Administración de justicia; generar las condiciones para lograr una sociedad más justa y equitativa, punto que resulta de especial relevancia cuando se considera que Colombia es uno de los países más inequitativos del orbe; recuperar la confianza de los administrados en el funcionamiento del Estado Social de Derecho; fomentar la reconciliación y adoptar decisiones que garanticen una paz estable y duradera (Cfr. ICTJ, en línea).Universidad Libre – Facultad de Derecho – Maestría en Derecho Pena