Propuesta de gestión comunitaria para la participación familiar en los procesos educativos del aula multigrado

Desde la misma Constitución Política de Colombia (1991), la educación como derecho fundamental y en su función social es obligación de la sociedad, el Estado y la familia; esto significa que esta triada asume una gran cantidad de responsabilidades interdependientes para que los fines de la educación se cumplan, y, en consecuencia, requiere de una acción conjunta que fortalezca espacios y canales de participación donde se proyecten, ejecuten y evalúen tales fines en pro de la calidad educativa. En el mismo sentido, la carta magna señala también que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de sus hijos, por lo tanto, le atañe tener un diálogo directo con la escuela y participar en las actividades pedagógicas, culturales y en todos los proyectos que propendan por el desarrollo integral de los niños. No obstante, el marco legal, la realidad sociopolítica de un país históricamente inserto en la inequidad social, la exclusión, la falta de oportunidades y la intolerancia, contradicen tal marco. De hecho, se le ha dado prelación a la beligerancia en detrimento de la democracia, la educación, la salud y el respeto por la tierra. En consecuencia, la escuela ha estado afectada por décadas, y la escuela pública rural en Colombia es muestra de ello.Universidad Libre Seccional Socorro - Facultad de ciencias de la educaciónSince the same Political Constitution of Colombia (1991), education as a fundamental right and in its social function is the obligation of society, the State and the family; This means that this triad assumes a large number of interdependent responsibilities for the purposes of education to be fulfilled, and, consequently, requires a joint action that strengthens spaces and channels of participation where such purposes are projected, executed and evaluated in favor of of educational quality. In the same sense, the Magna Carta also indicates that the family is the fundamental nucleus of society and is primarily responsible for the education of its children, therefore, it is responsible for having a direct dialogue with the school and participating in pedagogical activities, cultural and in all projects that promote the integral development of children. However, the legal framework, the socio-political reality of a country historically embedded in social inequity, exclusion, lack of opportunities and intolerance, contradict such framework. In fact, belligerence has been given priority to the detriment of democracy, education, health and respect for the land. Consequently, the school has been affected for decades, and the rural public school in Colombia is proof of this