La participación como derecho en la preservación del patrimonio cultural de Santa Cruz desde una doble perspectiva: la legal y la de los actores involucrados en Puerto Deseado y Río Gallegos (2010-2018)

In Argentina, the constitutional recognition of cultural heritage has placed it in a privileged place of guardianship with responsibilities for the State and citizens. Based on the evaluation of its attributes as a collective right, cultural resource and identity element linked to the quality of life, a factor that stimulates local economies and generates new income, local governments are obliged to design heritage policies that not only guarantee the exercise of cultural rights but also promote the preservation of heritage through the participation of individuals, communities or NGOs recognized in Covenants, Agreements and Protocols ratified by the Argentine State. The Province of Santa Cruz has generated public policies to preserve the cultural heritage, which are interesting to analyze from a human rights perspective. As a methodological proposal, the three types of progress indicators (structural, progress and result) in ESCR issues proposed by the Inter-American Commission on Human Rights (ICHR, 2008) are used, which allow organizing the information collected and facilitates the analysis of State action with regards to the fulfillment of the right. In order to investigate the opinions of the local actors, surveys and in-depth interviews were conducted in the cities of Puerto Deseado and Río Gallegos.En Argentina, el reconocimiento constitucional al patrimonio cultural lo ha colocado en un lugar privilegiado de tutela con responsabilidades para el Estado y los ciudadanos. A partir de la valoración de sus atributos como derecho colectivo, recurso cultural e identitario vinculado a la calidad de vida, factor dinamizador de las economías locales y generador de nuevos ingresos, los gobiernos locales están obligados a diseñar políticas patrimoniales no sólo que garanticen el ejercicio de los derechos culturales sino también que fomenten la preservación del patrimonio mediante la participación de los individuos, las comunidades o las ONGs reconocida en Pactos, Convenios y Protocolos ratificados por el Estado argentino. La Provincia de Santa Cruz ha generado políticas públicas para preservar el patrimonio cultural que interesa analizar desde un enfoque de derechos humanos. Como propuesta metodológica se utilizan los tres tipos de indicadores de progreso (estructurales, de proceso y de resultado) en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2008) y que permiten organizar la información relevada facilitando el análisis de las acciones estatales para el cumplimiento del derecho. Para indagar en las opiniones de los actores locales se realizaron encuestas y entrevistas en profundidad en las localidades de Puerto Deseado y Río Gallegos