Privacidad y tracking cookies. Una aproximación constitucional

El 24 de junio de 2010 la Agencia Española de Protección de Datos hizo pública una nota informativa en donde informaba sobre los acuerdos adoptados por las Autoridades Europeas de Protección de Datos que integran el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29) sobre la privacidad en la publicidad on-line basada en el comportamiento (behavioural advertising). En dicha nota se alerta sobre los riesgos que para la privacidad suscitan las llamadas ‘tracking cookies’, esto es, las cookies de rastreo que se utilizan para recopilar información sobre el comportamiento de navegación de los individuos y, de esta forma, ofrecer a los/as usuarios/as anuncios dirigidos y personalizados. Partiendo de las anteriores consideraciones la presente comunicación pretende analizar el contenido del Dictamen 2/2010 sobre publicidad comportamental on-line en relación con la nueva Directiva sobre privacidad en telecomunicaciones 136/2009/CE aprobada en diciembre de 2009 y que modifica la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y en donde se introduce la obligación de obtener el consentimiento informado de los/as usuarios/as antes de instalar dispositivos como cookies en los ordenadores. Y es que el análisis propuesto no resulta baladí desde una óptica constitucional sobre todo si tenemos en cuenta los riesgos a la privacidad que suponen la evolución de la publicidad en internet. Evolución que pone en cuestión ese derecho a la confidencialidad e integridad de los sistemas tecnológicos y de información que reconoció, por primera vez, la Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 27 de febrero de 2008