Derechos lingüísticos y generación de políticas públicas para la mejora de la comunicación y atención de la población indígena

Desde que en 2003 se promulgara la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en México, se han producido diferentes iniciativas institucionales que aprovechando dicho marco legal, reinvierta una situación sociolingüística que ha sido minorizadora, discriminadora y segregadora de aquella población que no es hablante de lengua española o no es un hablante proficiente de la misma. El cumplimiento de los derechos lingüísticos en ámbitos regulados y adscritos a la administración pública como la administración y procuración de justicia, la educación pública en todos los niveles (primaria, secundaria, superior) y la atención a la salud; repercute directamente en el cumplimiento de otros derechos (expresión, justicia, salud, educación, información). A casi 10 años desde la promulgación, el balance en cuanto a impacto en el desarrollo de iniciativas que inciden en medidas de ajuste de la propia administración es relativamente bajo, aunque en un sentido histórico suponen un giro cualitativo en cuanto al reconocimiento y revalorización de la identidad lingüística de la ciudadanía mexicana, diversa etnolingüísticamente en su composición. Aún, por tanto, hay cierto retraso en cuanto a la creación nuevos reglamentos y el impulso de acciones que incorporen el espíritu de la ley y que hagan efectivo el amparo del derecho al uso de las lenguas indígenas nacionales En esta ponencia se expondrán sobre todo diferentes casos ubicados en el estado de Veracruz, donde se han llevado a cabo experiencias en este aspecto que han incidido en la facilitación de los procesos de comunicación y atención como mejora de la calidad de los servicios públicos aprovechando la sensibilidad y concienciación que dicha ley ha generado entre servidores públicos y usuarios