Estándares mínimos de condiciones de vida digna en la legislación interna y parámetros internacionales en el hacinamiento de personas privadas de la libertad.

La siguiente investigación, se da para realizar un análisis sobre las condiciones mínimas de vida digna en situación de hacinamiento según los estándares de la legislación interna colombiana ratificados por parámetros internacionales, refiriéndonos implementos mínimos de subsistencia, alimentación y resocialización en cuanto a métodos de descanso, higiene personal y contar con un espacio adecuado para su existencia con derecho a su intimidad, junto con la cooperación de la infraestructura necesaria como en la aplicación de inéditos cupos como de los ya existentes recluidos en centros carcelarios, y se tomen en cuenta parámetros como los de enfoque diferencial, sujetos de protección constitucional y problemática jurídica frente a los sindicados y condenados, a la resocialización como fuente del tratamiento penitenciario asociado a la infraestructura en cuanto al cumplimiento de actividades laborales dentro del centro de reclusión con las instalaciones suficientes para que se adjudiquen la mayoría de internos sujetos al criterio de decisión de actividad de cada uno, y abriendo posibilidades, en los cuales sea más incluyente la sociedad y el Estado para con el detenido, en cuanto al campo laboral, con sentido de emprendimiento para los reclusos. El estado de hacinamiento y resocialización del individuo se transgrede lo mínimo de vida digna que cabe lugar al sujeto bajo sus circunstancias punitivas y la resocialización infructuosa cuando su finalidad es la reincidencia en el individuo. El hacinamiento general en las cárceles colombianas es una violación continua de los derechos humanos el cual la misma Corte Constitucional ha manifestado mucho tiempo atrás expresando la situación como un estado de cosas inconstitucionales en la sentencia T-153 de 1998 la cual se insiste en la violación de derechos fundamentales como la dignidad humana , la vida, la integridad personal, refiriéndose al hacinamiento como consecuencia de la política criminal y las causas que lo generan como el incremento de la delincuencia, la falta de celeridad en tramitación de procesos elevando el número de internos, las sentencias sin ejecutoriar y falta de presupuesto en las reformas de infraestructura. Para la aglomeración de la población carcelaria y mantener las condiciones mínimas de la vida digna del sujeto, aun cuando han pasado casi 20 años la propuesta no ha sido concreta por parte del Estado frente a las acciones de las obligaciones impuestas por convenios internacionales con la Corte Interamericana de llevar los estándares mínimos como personas en centros carcelarios y que se enfatizan como la dirección de los sindicados y los condenados , los que son reincidentes y los que su comisión delictiva es inicial, así su desenlace abarcaría ámbitos como la salubridad pública la desconfianza más reiterada a la justicia, normatividad y sistema penal se debe reformular los estudios encaminados a las posibles soluciones a la comisión de delitos, las cuales no se acentúen en las medidas preventivas intramurales sino en delegar en posibles, capacidades para analizar sus orígenes, respecto a la comisión del delito y subyugando a la parte legal de las entidades, siendo una política criminal multidisciplinar.Universidad Libre - Facultad de Derecho - Derechothe following investigation is given to perform analysis on the minimum conditions of dignified life in overcrowded, situation according to the standards of Colombian domestic legislation ratified by international parameters, referring to minimum subsistence, food and resocialization tools in terms of rest methods, personal hygiene and have an adequate space for their existence with the right to privacy, together with the cooperation of the necessary infrastructure as in the application of new quotas as of differential focus, subjects of constitutional protection and legal problems against those accused and convicted, to re-socialization as a source of penitentiary treatment associated with infrastructure in terms of compliance with work activities within the detention center with the insufficient allocations for the majority of in mates subject to the criterion of activity decision of each one, and opening more possibilities to new activities in terms of labor demand outside the prison center, including female staff, referring to more activities related to gender. The state of overcrowding and resocialization of the individual transgresses the minimum of a dignified life that can place the subject under his punitive circumstances and the unsuccessful resocialization when its purpose is recidivism in the individual. The general overcrowding in Colombian prisons is a continuous violation of human rights which the constitutional court itself has expressed a long time ago expressing the situation as a state of unconstitutional things in the verdict T-153 of 1998 which insists on the violation of fundamental rights such as human dignity, life, personal integrity, referring to overcrowding as the increase in crime, the lack of speed in processing processes, increasing the number of internal, the sentences without executing and lack of budget in the infrastructure reforms. For the agglomeration of the prison population and to maintain the minimum conditions of the worthy life of the subject even when almost 20 years have passed, the proposal has not been concrete by the state against the actions of the faculties imposed by international agreements with the court interamericana of carrying minimum standards as people in prison centers and that are emphasized as the direction of the accused and convicted, those who are repeat offenders and those whose criminal commission is initial, and its outcome would encompass areas such as public health distrust more once the justice, regulations and penal system have been reiterated, the studies aimed at possible solutions to the commission of crimes must be reformulated, which are not accentuated in the intramural preventive measures but to delegate in possible solvencies to verify the origin and submit them to the faculties as entities unifying a multidisciplinary criminal policy