Los delitos urbanísticos del art. 319 del cp como delitos comunes: a propósito de las sentencias del tribunal supremo de 14 de mayo de 2003 y 26 de junio de 2001

El presente trabajo aborda, como temática central, la problemática relativa a la naturaleza común o especial de los delitos del art. 319 del Código Penal. Se trata ésta de una cuestión debatida por la doctrina penal ya desde la entrada en vigor del actual Código, y que parece haber sido solucionada por la doctrina jurisprudencial de la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Las dos sentencias analizadas ponen de manifiesto la necesidad de recurrir a la normativa administrativa para determinar quiénes pueden ser sujetos activos de los delitos contenidos en los dos epígrafes del art. 319. No se está en presencia de una cuestión superflua, toda vez que se trata de delimitar el ámbito de aplicación del delito en razón del sujeto activo. Asimismo, en el trabajo que sigue se ponen de manifiesto esta y otras dificultades con las que los operadores del Derecho se encuentran al interpretar e intentar aplicar estos delitos. La técnica de la norma penal en blanco genera una importante problemática cuando se pretende interpretar la voluntad del legislador a la hora de crear estos tipos penales.The main issue discussed in this paper is the nature of the offenses in article 319 of the Spanish Penal Code. It is necessary to determine if these crimes are special or common penal types. It is an issue debated in the criminal doctrine and treated also in the jurisprudence of the 2nd Chamber of the Supreme Court. The two cases discussed highlight the need for administrative regulations to determine who can be active subjects of the crimes contained in the two sections of art. 319. It is not a superfluous question, since it is to define the scope of the crime by reason of the active subject. At the same time, work that follows shows this and other difficulties that operators of the laws find when we want to interpret and apply these crimes. The technique of the criminal standard white creates significant problems when trying to interpret the legislature’s intent when creating these types of crime