Tecnociencia y Derecho. Análisis de la regulación penal del control de riesgos

One of the fundamental problems faced by current societies is the control of the risks that their own operation generates. The expansion of techno-scientific activities to every corner of human life not only entails well-being and progress but also inherent dangers in their use. Since the incorporation of the administrative precautionary principle into criminal law, the national legislator has followed a regulatory model that has been transforming and extending the limits to ius puniendi, advancing punitive barriers through the proliferation of blank criminal laws, crimes of danger and the punishment of imprudence. The latest reform of 2015 falls on this methodology. This advance not only collides with liberal principles; it also allows to avoid pronouncing about more complex issues such as those related to the determination of causality between some scientific activities and their harmful outcome. In the present work these issues will be analyzed and the most appropriate solutions will be offered starting from a reconsideration of the role that the Law —criminal— is called to perform in society and giving it its lost autonomy.Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan las sociedades actuales es el relativo al control de los riesgos que su propio funcionamiento genera. La expansión de las actividades tecnocientíficas a cada resquicio de la vida del ser humano no sólo conlleva bienestar y progreso sino también peligros inherentes a su utilización. Desde la incorporación del principio administrativo de precaución al Derecho penal, el legislador nacional ha seguido un modelo de regulación que ha venido transformando y ampliando los límites al ius puniendi, adelantando las barreras punitivas mediante la proliferación de leyes penales en blanco, delitos de peligro y el castigo de la imprudencia. La última reforma de 2015 no viene sino a incidir en esta metodología. Este adelantamiento no sólo colisiona con los principios liberales; sirve también para evitar pronunciarse sobre cuestiones más complejas como pueden ser las relativas a la determinación de la causalidad entre algunas actividades científicas y su resultado lesivo. En el presente trabajo se analizarán estas cuestiones y se ofrecerán las soluciones que se estiman más adecuadas partiendo de una reconsideración del papel que el Derecho —penal— está llamado a desempeñar en la sociedad y dotándolo de su autonomía perdida.Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan las sociedades actuales es el relativo al control de los riesgos que su propio funcionamiento genera. La expansión de las actividades tecnocientíficas a cada resquicio de la vida del ser humano no sólo conlleva bienestar y progreso sino también peligros inherentes a su utilización. Desde la incorporación del principio administrativo de precaución al Derecho penal, el legislador nacional ha seguido un modelo de regulación que ha venido transformando y ampliando los límites al ius puniendi, adelantando las barreras punitivas mediante la proliferación de leyes penales en blanco, delitos de peligro y el castigo de la imprudencia. La última reforma de 2015 no viene sino a incidir en esta metodología. Este adelantamiento no sólo colisiona con los principios liberales; sirve también para evitar pronunciarse sobre cuestiones más complejas como pueden ser las relativas a la determinación de la causalidad entre algunas actividades científicas y su resultado lesivo. En el presente trabajo se analizarán estas cuestiones y se ofrecerán las soluciones que se estiman más adecuadas partiendo deuna reconsideración del papel que el Derecho —penal— está llamado a desempeñar en la sociedad y dotándolo de su autonomía perdida.One of the fundamental problems faced by current societies is the control of the risks that their own operation generates. The expansion of techno-scientific activities to every corner of human life not only entails well-being and progress but also inherent dangers in their use. Since the incorporation of the administrative precautionary principle into criminal law, the national legislator has followed a regulatory model that has been transforming and extending thelimits to ius puniendi, advancing punitive barriers through the proliferation of blank criminal laws, crimes of danger and the punishment of imprudence. The latest reform of 2015 falls on this methodology. This advance not only collides with liberal principles; it also allows to avoid pronouncing about more complex issues such as those related to the determination of causality between some scientific activities and their harmful outcome. In the present work these issues will be analyzed and the most appropriate solutions will be offered starting from a reconsideration of the role that the Law —criminal— is called to perform in society and giving it its lost autonomy