La regulación de internet en Chile

Por la naturaleza de Internet, que permite el intercambio ilimitado de información de manera inmediata y ausente de control, y como consecuencia de su ingobernabilidad fáctica, la red se ha convertido en el medio de intercambio de información ilícita y nociva más utilizado de todos los tiempos. Esta realidad ha obligado a mucho países a realizar esfuerzos concretos y específicos con el objeto de controlar el tráfico de dicha información. Ante este problema, ha surgido un intenso debate acerca de: i) cómo controlar los contenidos ilícitos y nocivos que circulan en Internet; y, ii) determinar qué grado de responsabilidad tienen los operadores de Internet por el tráfico de estos contenidos. Las soluciones que hasta el momento han surgido en la experiencia comparada van desde países en los cuales se han establecido marcos regulatorios de Internet para efectos de controlar tanto los contenidos ilícitos como aquellos calificados de nocivos y que establecen regímenes de responsabilidad de los operadores de Internet, hasta países donde conjuntamente con soluciones legislativas específicas se han adoptado políticas que promueven la autorregulación por parte de los operadores de Internet. Frente a posturas regulatorias puras de Internet -cuyo modelo no sólo ha fracasado en Estados Unidos sino que también en países europeos como Francia y el Reino Unido- existe una postura en la cual se combinan marcos legislativos específicos -que sancionan o reprimen ciertas conductas indeseables (como la pornografía infantil, la xenofobia, etc.)- junto con políticas de autorregulación respecto de las conductas de los operadores de Internet, a fin de controlar, de manera más eficiente, los contenidos ilícitos y nocivos que circulan en Internet, sin pasar a llevar otros derechos fundamentales como la intimidad, la libertad de expresión o el derecho al debido proceso. El mayor esfuerzo en el desarrollo e implementación de esta postura, ha sido realizado por la Unión Europea ("UE"), organizmo que ha promovido y fomentado sistemas de autorregulación de Internet, evitando de esta manera la excesiva regulación normativa -generalmente de carácter represiva- considerando que decisiones de esta naturaleza perjudicarían gravemente el desarrollo de Internet y de la sociedad. Para ello, ha dictado detalladas recomendaciones y directivas a sus Estados miembros desde el año 1996 a la fecha, en las cuales se combinan medidas específicas de control de contenidos ilícitos y se establecen regímenes específicos de responsabilidad para los operadores de Internet. La más importante de estas normas comunitarias corresponde a la Directiva 2000/31/CE, sobre Comercio Electrónico (en adelante, "la Directiva"). Esto, junto a las regulaciones nacionales que penalizan y persiguen los contenidos calificados como ilícitos han resultado hasta el momento en una eficaz herramienta de control de este tipo de contenidos. Respecto a los contenidos calificados como nocivos, la Comunidad Europea ha promovido intensivamente la utilización de sistemas de control parental, basados en la tecnología de filtros y en la clasificación de los contenidos que circulan en Internet. Nuestro país no ha estado ajeno a esta discusión. Desde 1999 han existido a lo menos 8 proyectos de ley que han pretendido -de manera directa o indirecta- regular Internet. La mayoría de estos proyectos han correspondido ha mociones presentadas por los parlamentarios, de insuficiente desarrollo, y que afortunadamente, no han avanzado mayormente en el proceso de formación de la ley. A continuación analizaremos brevemente algunas piezas de esta historia legislativa