The monitory procedure in Spain after the latest procedural reforms

Desde la introducción en España del juicio monitorio por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en sus diez años de vigencia se ha convertido en el procedimiento más utilizado en el ámbito civil por los operadores jurídicos (el 61% de los asuntos civiles tramitados fueron juicios monitorios). La razón de esta utilización masiva se debió a su propia configuración procedimental, en cuanto ofrece una protección ágil y rápida del derecho de crédito del acreedor. De este modo, presentada la petición monitoria junto con una mínima base documental y una vez que el deudor es requerido de pago, el acreedor podrá demandar la satisfacción de la cantidad reclamada o bien el despacho de ejecución, y sólo cuando el deudor alegue una causa de oposición podrá ponerse término al juicio monitorio y se transformará en un juicio declarativo ordinario por la cuantía.Ahora bien, durante los años de vigencia de la ley el legislador ha sido consciente de la necesidad de reformar el juicio monitorio para, en unos casos, aclarar algunas dudas que su aplicación práctica estaba generando y, en otros, aumentar su eficacia. Estas reformas son objeto de análisis en este trabajo. Since the introduction of the monitory procedure in Spain by the Law 1/2000 of 7 January of Civil Procedure, it has become the most widely used procedure in the civil process law by the legal actors (61% of the civil cases were monitory procedures). We can find the reason for this great use in its procedural setting because it gives an agile and fast judicial protection of the creditor´s claim. In this way, once the creditor files a lawsuit through the monitory procedure based on sufficient documentary evidence and once the debtor is required for payment, the plaintiff may request either the discharge of the debt or a writ of execution, and only when the debtor raises an objection, the enforcement of the monitory procedure will be ended and transformed into a declaratory action. However, during this years the legislator has been aware of the need to reform the monitory procedure, in some cases to clarify some doubts that its practical application was generating, and in others, to increase its effectiveness. These amendments are analyzed in this work.