¿Es posible un sistema democrático de control de constitucionalidad en Colombia?

La denominada peligrosidad del consumidor hizo parte de las unidades de análisis de la Sentencia C–221 de 1994. Esta provino de un juicio social en Colombia, derivado de una mal llamada moralidad convencional, en la que, de manera mayoritaria, los sectores sociales de tendencia conservadora consideraron que el consumidor era un potencial criminal, puesto que, bajo los efectos de sustancias estupefacientes, este carecía de control. En contraposición a ello, la minoría consumidora reclamó al Estado no ser tildada bajo el rótulo de criminal, puesto que la acción que ejercían no causaba daño a nadie. Siendo así, esto constituyó, para la Corte Constitucional, un problema democrático cuyo punto de partida fue un desacuerdo.1a edició