La eliminación del costo de la prueba pericial ante casos de suplantación de identidad como garantía de acceso a una efectiva tutela de derechos de los servicios en telecomunicaciones

Cuando se desarrolló la presente tesis, se encontró que en la actualidad no existen aún una medida de seguridad suficiente que salvaguarde la identidad de las personas, para celebrar un contrato sumamente seguro; así mismo de la revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444, se aprecia que en el artículo 185.1 “los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos deben pronunciarse; por ende el artículo 185.2 menciona que serán los administrados quienes la administración se abstendrá de contratar peritos por su parte…”. Esto nos lleva a presumir, para demostrar la veracidad de una contratación que se encuentra en un caso de suplantación de identidad o una contratación no solicitada, los administrados deberán soportar los gastos económicos de una prueba pericial, y pagar para su procedimiento administrativo, esto es llamado en la figura jurídica administrativa “solve et repete, pues, para reclamar el administrado deberá pagar un importe económico, para llegar a la verdad material, la cual resulta arbitrario y abusivo toda vez que la administración pública deberá ser quien en realidad soporté el gasto de las costas y costos así como la prueba pericial y no el Administrado ante este tipo de arbitrariedad en un procedimiento administrativo. Finalmente se obtuvo como resultado, ante estos tipos de casos de suplantación de identidad, urge adaptar mecanismos de seguridad de identificación en las llamadas telefónicas, para evitar suplantaciones de identidad de los usuarios, por lo que es necesario una modificatoria o en su defecto la implementación de su reglamento, para adoptar mecanismos idóneos de descarte, para evitar arbitrariedades en las contrataciones en telecomunicaciones, se debe contar con un procedimiento garantista en pro de un debido procedimiento administrativo de servicios públicos en telecomunicaciones