Acceso a la información: una tarea pendiente para la regulación latinoamericana

Incluye BibliografíaResumen Este informe tiene por objeto contribuir al debate que se lleva a cabo en los países de la región sobre el perfeccionamiento de los marcos regulatorios del sector de agua potable y saneamiento. La atención se centra en cómo se garantiza la disponibilidad de la información para la regulación económica. Se hace hincapié en las consecuencias y condicionantes de la asimetría de la información entre el regulador y las empresas reguladas, así como en los procedimientos que pueden ser utilizados para superarla. Se examinan las prácticas regulatorias de los países desarrollados, principalmente las de los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, las cuales se contrastan con la situación existente en los países de la región. El estudio se basa en: (i) respuestas a la encuesta sobre el tema, que la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL envió a los organismos reguladores de los países de la región y a múltiples expertos; y (ii) la revisión de la bibliografía teórica y empírica sobre la regulación económica. La conclusión principal que se obtiene de este trabajo es que los marcos regulatorios de los países de la región no garantizan un acceso adecuado de los reguladores a la información que necesitan para el desempeño de sus funciones y que algunas de las características de su diseño tienden a exacerbar la ventaja informativa de las empresas reguladas. En la región, se ha prestado mayor atención al desarrollo de procedimientos teóricos de acceso a la información —basados en promoción de alguna forma de competencia— que no han funcionado en la práctica y se ha ignorado las experiencias de los países con una larga tradición en la prestación de servicios públicos por el sector privado. La prioridad ahora es fortalecer, consolidar y hacer operativos los procedimientos de acceso a la información interna de las empresas reguladas, especialmente la contabilidad regulatoria, el control de compras y contrataciones con empresas vinculadas, y la participación de los consumidores