Participación ciudadana en la estructura de la política habitacional chilena actual.

Las posibilidades de participación ciudadana generadas por los componentes estructurales de la Política Habitacional chilena son mínimas; la participación existente está concentrada en algunos programas específicos. Tampoco se observa una efectiva participación de los ciudadanos en los aspectos de conformación urbana desarrollados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Una política habitacional estructurada a partir de componentes orientados a la participación ciudadana, generaría, en consecuencia, programas efectivamente participativos. En oposición a esta realidad, el discurso público oficial chileno ha considerado el elemento de la participación ciudadana como un aspecto relevante en la conformación de importantes procesos de interés nacional. Concretamente, en mayo de 2001, la actual administración del país formuló una “Política de Participación Ciudadana”, orientada a involucrar a la ciudadanía en las acciones de la administración pública. Por lo anterior, esta investigación plantea como problema la escasa participación ciudadana como componente estructural de la Política Habitacional chilena, lo que se pretende aminorar a partir de la Política de Participación Ciudadana. Los objetivos específicos son: identificar el enfoque con el cual esta Política de Participación Ciudadana ha abordado el concepto de ‘Participación Ciudadana’, así como identificar en que niveles las acciones planteadas por la Política de Participación Ciudadana influyen en la labor del MINVU, principalmente en lo que se refiere a la estructura de su Política Habitacional. Como objetivos generales se pretende identificar las acciones más efectivas en la promoción de un proceso participativo, planteadas por la Política de Participación Ciudadana y evidenciar que este proceso se desarrolla a partir de la estructura de las políticas públicas. En este trabajo se define Participación Ciudadana como “el proceso de auto-representación de la comunidad ante las instancias administrativas estatales, orientado por un marco normatizador, con el objetivo de injerir en la toma de decisiones de interés colectivo”