HACIENDO MEMORIA DE UNA CORTE QUE LE TEMÍA A LA REVOLUCIÓN: A PROPÓSITO DE UN JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD A LA REPRESIÓN BAJO LA HEGEMONÍA CONSERVADORA

Los ecos de las revoluciones rusa y mexicana también resonaron en Colombia hace cien años y tuvieron distintas respuestas jurídicas. La hegemonía conservadora, que gobernó el país desde las tres ramas del poder público entre 1914 y 1930, reprimió los influjos revolucionarios que se expresaban en protestas sociales, movilizaciones de obreros, así como las manifestaciones políticas de los nacientes grupos socialistas, anarquistas y anarcosindicalistas.Así, al tiempo que el gobierno estadounidense hacía campaña para frenar el avance de la Revolución Rusa en América Latina, cuya cabeza de lanza se decía que era México, en Colombia se incrementaban las huelgas de trabajadores y se fortalecían políticamente las organizaciones socialistas y el movimiento obrero. En este contexto, el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930) decidió enfrentar la protesta social como un problema de orden público. En su propósito empleó instrumentos jurídicos como el Decreto 707 de 1927, que le confería amplios poderes a la fuerza pública en detrimento de derechos y libertades ciudadanas. La Corte Suprema de justicia, que aludió directamente a la “amenaza revolucionaria”, declaró constitucional la medida.El artículo, primero ofrece un breve panorama de las tensiones políticas y sociales que enfrentó la hegemonía conservadora. Después se centra en el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de noviembre de 1928, que declaró constitucional el decreto 707 de 1927, y pone en evidencia cómo el tribunal se alineó ideológicamente con el Ejecutivo conservador temeroso del avance de las revoluciones y del movimiento obrero