La regulación de la Administración electrónica y sus principios rectores

[spa] Actualmente, nos encontramos inmersos en un proceso de globalización y tecnificación al que las Administraciones públicas, como parte integrante de l a sociedad, no pueden permanecer ajenas. Todas las Administraciones, en sus distintos niveles y ámbitos de actuación, han introducido en su actividad las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y han puesto en marcha un proceso transformación de carácter cultural, organizativo y jurídico que ha fructificado en un nuevo modelo de gestión de la actividad pública conocido bajo el nombre de Administración electrónica. El uso de las nuevas tecnologías y la transición de una Administración «en pa pel» a una Administración electrónica han conllevado una serie de reformas de nuestro ordenamiento jurídico: nuevas normas y reforma de otras ya existentes que regulan los aspectos técnicos derivados de la utilización de las nuevas tecnologías por parte de la Administración, así como los derechos y garantías de los que están revestidos los ciudadanos cuando se relacionan con la Administración por medios telemáticos. Con este telón de fondo, podemos definir un elenco de principios que regirán la actuación de la Administración electrónica y en los que se erigen como protagonistas aquellos que persiguen garantizar la igualdad y la no discriminación de los ciudadanos, combatiendo la denominada brecha digital.[eng] We are currently immersed in a process of globalization, with an increasing use of technology. Public authorities, as an integral part of society, cannot remain indifferent to this process. All public authorities, at their varying levels and spheres of action, have incorporated the new information and communication technologies, launching a process of cultural, organizational and legal transformation that has come to fruition in a new model for managing public sector activities known as “electronic administration.” The use of new technologies and the transition from a “paper” government to an electronic government has entailed a series of reforms of our legal system: new regulations, the reform of existing regulations governing the technical aspects derived from the use of new technologies by government authorities, and the rights and guarantees that inure to citizens when they contact government authorities telematically. With this background, we can define a cast of principles governing the behavior of an electronic administration. The leading roles will fall to those principles that aim to guarantee equality while prohibiting discrimination against the citizenry, thereby combating what has come tobe known as the "digital divide.