La seguridad en Colombia: los riesgos del éxito

La Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) impulsada por el presidente Álvaro Uribe desde su llegada al poder en 2002 ha provocado un giro sustancial del escenario estratégico colombiano marcado por el fortalecimiento del Estado y una mejora sustancial del orden público. Sin embargo, la consolidación del nuevo clima de seguridad sólo será posible si se confrontan dos retos: la aparición de una nueva generación de bandas narco-paramilitares y la estrategia de desgaste político-militar de las FARC para agotar política y financieramente al gobierno. El esfuerzo de seguridad desarrollado por el Estado colombiano en los pasados años ha generado una reducción sustancial de los niveles de violencia en el país. La mejora de los índices de seguridad ha sido fruto de dos procesos. Por un lado, el acuerdo de desmovilización alcanzado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), materializado en la disolución de una serie de estructuras paramilitares que agrupaban a miles de combatientes. Por otra parte, la campaña militar contra las FARC que ha degradado la capacidad de combate de la organización insurgente y la ha forzado a refugiarse en las zonas más remotas del país. En cualquier caso, bajo la presión del Estado, paramilitares y guerrilla se han transformado, dando lugar a una nueva gama de amenazas que tendrán que ser confrontadas para alcanzar la completa pacificación del país. En el caso de las autodefensas, el vacío estratégico dejado por las AUC amenaza con ser llenado por nuevas bandas narco-paramilitares que tratan de hacerse con fragmentos sustanciales del negocio de la droga. Por lo que se refiere a las FARC, los insurgentes han optado por lanzar una campaña de desgaste, que combina acciones armadas y propaganda para quebrar la credibilidad política del gobierno y agotar sus recursos para la guerra. La política de seguridad de la segunda administración Uribe estará marcada por los esfuerzos para confrontar estos nuevos reto