El derecho a vivir una vida libre de violencia: análisis de la aplicación del nuevo delito de violencia habitual y su impacto en la protección a las mujeres que la viven

En el marco de las reformas de Estado en Chile, la justicia ha ocupado un importante lugar. En efecto, a partir del año 2002 se inició por etapas la reforma al sistema de justicia penal, proceso que se amplió a todo el país a partir del 2005. Ese mismo año y con el objeto de hacer más accesible la justicia se crearon y pusieron en funcionamiento los Tribunales de Familia. Ambos tipos de justicia juegan en la actualidad un rol clave en materia de violencia contra las mujeres, ley que ha debido sufrir reformas también para ajustarse a los nuevos requerimientos. Esta nueva etapa en la justicia en materia de violencia intrafamiliar se caracteriza, en primer lugar, porque son tribunales especializados a los que les corresponde actualmente conocer y juzgar la violencia doméstica (los nuevos Tribunales de Familia) y, en segundo lugar, porque de acuerdo a la nueva legislación en materia de violencia doméstica, por primera vez se califican los actos de violencia intrafamiliar en cuanto a su gravedad, no sólo por la entidad del daño, sino también por la habitualidad con que se comete. El nuevo delito de maltrato habitual requiere, de acuerdo a la ley, la utilización de un procedimiento especial para su persecución y juzgamiento, que comprende la intervención tanto de los nuevos Tribunales de Familia como del Ministerio Público. El objetivo de esta investigación fue conocer los criterios aplicables al concepto de habitualidad en situaciones de violencia doméstica. Ello resulta relevante, tanto desde la perspectiva del funcionamiento del aparato de justicia como desde la perspectiva de los/las usuarios/as del sistema, en particular las víctimas de violencia. La forma en que se interpreta y aplica la legislación sobre maltrato habitual y las interpretaciones dadas por los Tribunales de Familia —en un primer momento—, así como su consistencia con las interpretaciones dadas por los fiscales del Ministerio Público, constituyen una información invaluable para determinar el grado de acceso a la justicia, y en qué medida afectan o no el derecho de las víctimas a una justicia oportuna y eficaz