Public policies for housing in colombia. aim conflicts

The purpose of this article is to illustrate how two precepts included in the article 51 of the Political Constitution of Colombia, occasionally oppose one to the other. The first precept is referred to the right of every citizen to accede to dignifying housing and to the State obligation to provide it; the second precept is referred to the endorsement for housing plans and to the adequate funding. After reviewing the main contents of norms where the precepts are developed, implicit and explicit decisions are identified; there are also reviewed the impacts that the application of norms has on the housing production –to say so, the way the decisions are being materialized–. The conflicted precepts resolution is perceived in the bad quality of constructions and in the difficulty to obtain housing against the fulfillment of constitutional rights. The article concludes supporting the argument that the configuration of management processes of public policies must be understood as wide, including and complex social process.El artículo se propone evidenciar la forma como entran tempranamente en conflicto los dos preceptos contenidos en el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, referente, por una parte, al derecho que tienen todos los colombianos a una vivienda digna y la obligación del Estado a hacerlo efectivo y, por otra, la promoción de planes de vivienda y a su adecuada financiación. Para esto, luego de revisar los contenidos predominantes de las normas en las que se desarrollan dichos preceptos, se identifican las decisiones tomadas explícita o implícitamente en ellas y los impactos que su aplicación tiene en las condiciones de producción de la vivienda, es decir, la forma como esas decisiones se están materializando. De esta manera se verifica la forma como se está resolviendo el conflicto planteado, en detrimento de la calidad y la asequibilidad de la vivienda, es decir, en contra de la satisfacción del derecho constitucional. El artículo concluye argumentando a favor de la configuración de los procesos de toma de decisiones de política pública en vivienda como un proceso social amplio, incluyente y complejo