Educación jurídica, abogados y movilidad social en Colombia

Resumen El propósito de esta investigación es estudiar el estado actual de la educación jurídica en Colombia, entendiéndola como parte de otra problemática, más grande y más compleja, que es la profesión jurídica. Concretamente, esta investigación estudia las relaciones entre dos factores: por un lado, el nivel socioeconómico y el sexo de los estudiantes de derecho en Colombia y, por otro lado, la calidad de la educación que reciben. Con el fin de determinar la relación entre estos factores y con base en la información ofrecida por el Ministerio de Educación colombiano, en este texto se adopta un análisis cuantitativo de dos variables: la calidad de los programas de derecho y el perfil sociodemográfico de los estudiantes de esos programas. A partir de dicha información, la investigación plantea tres conclusiones principales. Primero, la regulación y el control sobre la educación jurídica han sido precarios. Eso ha propiciado un crecimiento de la oferta y la demanda en las últimas dos décadas. Segundo, ese crecimiento no solo ha sido heterogéneo y desordenado, sino que también ha estado dominado por programas privados de bajo costo y baja calidad. Finalmente, esa disparidad de la oferta está sesgada en términos de clase social y de género, ya que el acceso a la educación de alta calidad está limitado a los pocos estudiantes que tienen resultados académicos sobresalientes (en su mayoría hombres) o que tienen alta capacidad de pago.Abstract. The purpose of this research is to study the current state of legal education in Colombia as part of another, larger, and more complex problem, which is the legal profession. Specifically, this research examines the relations between two factors: on the one hand, the socioeconomic level and the sex of law students in Colombia; on the other hand, the quality of the education they receive. In order to determine the relationship between these factors, and based on information provided by the Colombian Ministry of Education, this text adopts a quantitative analysis of two variables: the quality of law programs and the sociodemographic profile of law students. Based on that information, this article reaches three main conclusions. First, regulation and monitoring of legal education has been precarious. This has led to an increase in the supply and demand for legal education over the past two decades. Second, such increase has been not only heterogeneous and unsystematic, but also dominated by low-cost, low-quality private programs. Finally, the disparity in supply is biased in terms of social class and gender, as access to high-quality education is limited to those students who have either outstanding academic results (mostly male students) or high economic capacity.Maestrí