El principio dispositivo frente a la prueba de oficio en el proceso contencioso administrativo

El presente trabajo aborda una problemática que, lejos de haberse zanjado, ha generado múltiples opiniones, muchas de ellas incluso contrapuestas. En esta investigación, determinaremos si en el proceso contencioso administrativo existe colisión, contraposición o contradicción entre el principio dispositivo y la potestad oficiosa del juez para ordenar pruebas, pudiendo inclusive plantearse la posibilidad de que esta potestad oficiosa sea más bien complementaria, tomando en cuenta que esta clase de proceso posee la particularidad de que una de las partes en conflicto es precisamente la Administración Pública, la cual está dotada de una serie de facultades o prerrogativas que generan una situación de preponderancia frente al administrado. Esta primacía, si es mal empleada, puede desembocar en arbitrariedad y abuso de poder por parte de la autoridad pública. Para el efecto, se desarrolló una investigación descriptiva con enfoque garantista, basada en fuentes bibliografías especializadas en derecho procesal, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho civil, así como en normativa y jurisprudencia nacional e internacional. Los resultados de este estudio revelan que, en lugar de presentarse contradicción entre el principio dispositivo y la prueba de oficio, en realidad existe una necesaria complementariedad cimentada en el carácter cuasi oficioso del proceso contencioso administrativo, cuyo objeto primordial, además de tutelar los derechos e intereses del administrado, se centra en controlar en vía jurisdiccional, la legalidad de los actos de la Administración Pública, cumpliendo con el paradigma del Estado Constitucional de Derechos y Justicia que erradica toda posibilidad de inmunidad en relación a los actos del Poder Público