El Acceso a la Información Pública como garantía del Estado Constitucional de Derecho para combatir la corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte en el período 2009-2019

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte a través del tiempo ha sido señalado por parte de la ciudadanía como uno de los grandes centros de la corrupción salvadoreña, pues este se ha visto involucrado en los más emblemáticos casos de corrupción en el país; a este ministerio se le ha destinado año tras año presupuestos millonarios. Bajo la gestión del ex ministro Gerson Martínez en el Ministerio de Obras Públicas se buscó dar un giro a esta situación de corruptela que se daba dentro del ministerio; se comenzó a implementar la transparencia como medio de combate de los actos corruptos y sus similares, fue el primer ministerio en impulsar por sí mismo el acceso a la información por medio de la creación de la Casa de la Transparencia (Unidad de Acceso a la Información Pública del MOP). Con esta premisa y teniendo en cuenta los avances en materia de transparencia que se dieron a partir de la gestión de Gerson Martínez, se consideró importante estudiar desde un enfoque jurídico-político los efectos que ha acarreado la implementación de la transparencia -más específicamente el derecho de acceso a la información- como medio para combatir la corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. Al llevar a cabo nuestra investigación encontramos resultados satisfactorios en lo relativo a los actos corruptos en el ministerio, pues a partir de la implementación de la transparencia como eje central de la gestión ministerial, los casos de corrupción disminuyeron en gran medida resultando que hasta la fecha no existe ningún caso judicializado de corrupción por parte de altos funcionarios del ministerio en el período de del año 2009 al 2019, sin embargo, es necesario seguir transparentando la gestión pública y hacer reformas legislativas para fortalecer la misma, pues han resurgido los señalamientos de corrupción hacia el MOP por la falta de transparencia durante la pandemia de COVID-19, y pueden darse graves retrocesos en la materia