EL Juicio Politico y el Ante Juicio como Medios Arbitrarios para la Sanción de la Responsabilidad de los Altos Funcionarios del Estado Peruano

La presente investigación está basada en el análisis de la regulación y estructura de dos instituciones jurídicas constitucionales como son: el Juicio Político y el Antejuicio Político, las cuales constituyen procedimientos para sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios de Estado, en ese sentido, este tema tiene implicancias políticas y sociales que rebasan el ámbito jurídico, no solo por tratarse de una institución que afecta la división de poderes, sino también por los efectos contrarios a algunos principios jurídicos que rigen en el derecho constitucional, siendo importante analizar la estructura y regulación actual de estas figuras constitucionales, para poder contribuir a la mejora y evolución de dichas instituciones. Es una investigación teórico explicativa y su área de investigación son las ciencias sociales, por ello la población o muestra de la presente investigación lo conforman los hechos jurídicos que se han dado a lo largo de la existencia de los procesos de juicio político y antejuicio, teniendo como ejemplo más importante el caso de la destitución de Tres Magistrados del Tribunal Constitucional en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Problema: ¿Es adecuada la estructura actual de los procesos de Antejuicio y Juicio Político, a fin de sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado Peruano? Hipótesis: La estructura actual de los procesos de Antejuicio y Juicio Político no es adecuada para sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado peruano, puesto que dicha regulación, vulnera el principio de juez natural, el principio de división de poderes, el principio de legalidad, a la vez que atenta contra el principio del debido proceso. Resultados de la investigación: La estructura actual de los procesos de juicio político y antejuicio es inconstitucional, por tener un diseño que permite la arbitrariedad en la sanción de los actos de responsabilidad cometidos por los altos funcionarios del Estado Peruano, teniendo en cuenta que se le ha atribuido funciones judiciales a un órgano político como el parlamento y no se ha determinado los hechos que constituyen infracciones constitucionales y tampoco se ha definido de manera clara los delitos por los cuales procede la acusación constitucional, en consecuencia, ambas figuras jurídicas, violan los principios de: juez natural, división de poderes, legalidad y debido proceso