Políticas contra los migrantes y crisis de la civilidad jurídica

El derecho a migrar, un derecho defendido en la tradición filosófica occidental cuando servía para colonizar y expoliar, ahora es reprimido ferozmente. Y ello a pesar de que el fenómeno migratorio no es una emergencia, sino un hecho estructural e imparable, sin que las políticas de represión de la inmigración irregular consigan limitar el fenómeno, sino solo reforzar su clandestinidad y dramatizarlo. El entramado de normas que limitan drásticamente los derechos de las personas migrantes conlleva, además del efecto legitimador, un factor de des-educación, al generar una imagen del otro como alguien naturalmente inferior, porque ya es jurídicamente inferior. Y esta percepción racista, a su vez, legitima la discriminación en los derechos. Es un círculo vicioso. Lo mismo sucede cuando desde las instituciones se promueve el miedo y el odio hacia "el otro" o se persigue a quienes auxilian a personas en peligro. Con ello se “fascistiza” el sentido común, se devalúa, junto con el sentido de la igualdad y dignidad de las personas por el hecho de ser personas, los normales sentimientos de humanidad y solidaridad que forman el presupuesto básico de la democracia. Se reconstruyen, en definitiva, los fundamentos ideológicos del racismo. Frente a esto, no cabe sino una apuesta por la verdadera universalización de los derechos humanos, por un constitucionalismo internacional basado en la igualdad de todos los seres humanos, superando la dicotomía entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano, basado en el ius migrandi, precisamente como un derecho auténtico a tener derechos