La imposición de límites máximos de edad en el acceso al empleo

La imposición de límites máximos de edad en las ofertas de empleo constituye, tanto en el sector público como en el privado, una práctica absolutamente generalizada y difícilmente compatible con la prohibición de discriminación por razón de edad. Hasta la fecha los órganos de la jurisdicción ordinaria española se han mostrado bastante permisivos con estas restricciones, particularmente en el ámbito social, en contraste con la posición mantenida por el Tribunal Constitucional, mucho más rigurosa. La toma en consideración de la Directiva 2000/78 y de la interpretación que le ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus últimas sentencias requiere un reajuste de la jurisprudencia interna, porque lleva a restringir la validez de los límites máximos de edad a los casos donde obedezcan a un objetivo legítimo, resulten adecuados y sean proporcionados atendiendo a las concretas circunstancias de cada caso. El correcto entendimiento y aplicación de esta triple exigencia será decisivo para erradicar una práctica que perjudica singularmente a los trabajadores de edad.The imposition of maximum age limits on job vacancies constitutes, in both the public and the private sector, an absolutely widespread practice and hardly compatible with the prohibition of discrimination on the grounds of age. To date, Spanish ordinary courts have been permissive with these restrictions, particularly in the social field, in contrast to the position held by the Spanish Constitutional Court, much more rigorous. Taking into account Directive 2000/78 and the interpretation given to it by the demand will be decisive in eradicating a practice that is particularly detrimental to older workers