Fiscal impact of the Venezuelan migration

El propósito de este documento es cuantificar el impacto fiscal de la migración venezolana entre 2017 y 2019 y estimar su costo en el mediano plazo, considerando diferentes escenarios de migración y de acceso a los servicios públicos ofrecidos por el Estado. Así mismo, se presentan algunos problemas operativos y presupuestales de algunas entidades territoriales frente al fenómeno de la migración. De acuerdo con las cifras del gobierno nacional, el costo por la prestación de los servicios de salud, educación y primeria infancia alcanzó 0.12% del PIB en el periodo 2017-2019. Si el proceso migratorio continúa, el Estado tendría que evaluar la asignación de nuevos recursos fiscales para atender la provisión de los servicios ofrecidos a este grupo poblacional. De acuerdo con los diferentes escenarios de migración y provisión de servicios públicos, los costos podrían fluctuar entre 0.19% y 0.26% del PIB en 2020, 0.19% y 0.34% del PIB en 2021 y 0.20% y 0.42% del PIB en 2022. Desde la perspectiva de los ingresos públicos, se estima la contribución de los migrantes a los impuestos nacionales, especialmente en el caso de IVA y de renta. A nivel territorial no hay información precisa sobre el gasto fiscal en programas a favor de los migrantes venezolanos, ni sobre los impuestos municipales pagados por este grupo poblacional. Tampoco es clara la delimitación de responsabilidades de gasto entre el gobierno nacional y los gobiernos sub-nacionales. Sin embargo, a partir de un ejercicio cualitativo se estudian los casos particulares de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cartagena. Finalmente, se describe la estrategia del gobierno para los migrantes a raíz de la crisis generada por el COVID-19.The aim of this paper is to quantify the fiscal impact of Venezuelan migration between 2017 and 2019 and to estimate its cost in the medium term, under different migration scenarios and access to public services provided by the government. Likewise, we address some operational and budgetary problems of local government facing the phenomenon of migration. According to the national government, the cost of the provision of health services, education and early childhood education represented 0.12% of GDP in the period 2017-2019. If the migratory process continues, the government will have to evaluate the allocation of new fiscal resources to attend the provision of services offered to this population group. According to the different scenarios of migration and provision of public services, fiscal costs can fluctuate between 0.19% and 0.26% of GDP in 2020, 0.19% and 0.34% of GDP in 2021 and 0.20% and 0.42% of GDP in 2022. From the perspective of public income, the contribution of immigrants to national taxes is estimated for VAT and the corporate income tax. At the local level, there is no precise information on fiscal spending on programs targeting Venezuelan migrants, nor on municipal taxes paid by this population group. There is no consensus between the different government levels about who should pay for the expenditures associated with the attention of the migrant population. However, from a qualitative exercise, the particular cases of Bogotá, Barranquilla, Medellín and Cartagena are studied. Finally, we describe the government's strategy for migrants during the crisis generated by COVID-19.Enfoque Durante los últimos años y, especialmente a partir de 2017, se ha registrado un flujo continuo de migrantes provenientes de Venezuela, que al mes de diciembre de 2019 sumaban 1’771.237 personas con vocación de permanencia, de acuerdo con la información de Migración Colombia. Dicho fenómeno ha generado una demanda creciente de servicios de salud, educación y otros, cuyos costos han recaído principalmente sobre las finanzas públicas. El objetivo de este documento es cuantificar el impacto fiscal de la migración venezolana en los ingresos y en los gastos del Gobierno Nacional, en el periodo 2017-2019, y estimar su costo en el mediano plazo, bajo diferentes escenarios de migración y acceso a los servicios públicos provistos por el Estado. El documento también señala cuáles son los problemas operativos y presupuestales de algunas entidades territoriales frente al flujo creciente de migrantes provenientes de Venezuela. Y, finalmente, describe la estrategia del Gobierno para atender a los migrantes en medio de la crisis generada por el Covid-19. Contribución Esta investigación cuantifica el costo asumido por las finanzas públicas para la prestación de los servicios de salud y educación a los migrantes venezolanos. También se estiman los ingresos tributarios, por concepto de IVA y de renta, pagados por esta población. Adicionalmente, se presentan los resultados de algunos ejercicios de proyección del costo que podría asumir el Estado para su atención, bajo diferentes escenarios de migración y de prestación de servicios de educación y salud en el mediano plazo. Finalmente, se estudian las experiencias de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cartagena, en la atención a los migrantes y se describe la estrategia del Gobierno nacional para afrontar la crisis generada por el Covid-19. Resultados El costo por la prestación de los servicios de salud, educación y primera infancia alcanzó 0,12% del PIB en el periodo 2017-2019, de acuerdo con las cifras oficiales. Con relación a los ingresos fiscales, se estima que los migrantes venezolanos han contribuido en promedio anual con 0,03% del PIB en IVA y 0,01% del PIB en renta. Los resultados de los diferentes escenarios de proyección de gasto público en el mediano plazo indican que el costo fiscal para la atención de migrantes venezolanos podría fluctuar entre 0,19 y 0,26% del PIB en 2020, 0,19% y 0,34% del PIB en 2021, y 0,20% y 0,42% del PIB en 2022, dependiendo del número de migrantes a los que se les extienda la prestación de servicios provistos por el Estado. A nivel subnacional, no existen registros centralizados sobre el costo asumido por los municipios y departamentos a favor de la población migrante venezolana, en programas de educación, salud y primera infancia. Vale la pena señalar que algunas entidades territoriales asignan recursos para la prestación de estos servicios, por lo cual su financiamiento es compartido con el Gobierno Nacional. No obstante, no es clara la delimitación de responsabilidades de gasto entre los diferentes niveles de Gobierno para la atención a los migrantes. Es importante resaltar que los migrantes venezolanos también contribuyen a las finanzas municipales, especialmente a través del impuesto de industria y comercio. Frase destacada: La migración venezolana ha generado una demanda creciente de servicios de salud, educación y otros servicios, cuyos costos han recaído principalmente sobre las finanzas públicas