La constitucionalidad del derecho a la agroecología como propulsor de los derechos humanos

La práctica agroecológica es una alternativa agroambiental real y viable, que se realiza garantizando la concreción de los derechos humanos. Ella cuestiona la lógica de las relaciones de poder que fundamentan la producción agrícola actual. La modificación de un modelo pautado en el agronegocio, aún amparado en la deforestación, atraviesa por transformaciones profundas en una sociedad históricamente patriarcal, latifundista, con rangos coloniales y, aún, pautada en la desigualdad. La constitucionalidad del derecho a la agroecología está fundamentada a partir de las diversas dimensiones de la vida humana, así como: la alimentación adecuada y accesible, el uso equilibrado de los recursos naturales, la preservación ambiental y la no explotación de las personas. Hay la necesidad de una modificación paradigmática del modelo agrícola con la efectividad de las prácticas agroecológicas, no sólo como un conjunto de técnicas agronómicas, sino como un proceso político-social transformador