Enriquecimiento ilícito

En el Informe Independiente de Sociedad Civil de El Salvador sobre los Mecanismos de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA (MESICIC), coordinado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) (2/2010), se señalan algunas de las limitaciones y deficiencias de la actual ley de enriquecimiento ilícito, entre las que se pueden mencionar: la reserva de las declaraciones de los funcionarios contemplada en la Constitución, que imposibilita su conocimiento público; la obsolescencia de una ley de más de 50 años que, por ejemplo, no permite incorporar los aspectos relacionados con la narcoactividad y se encuentra desligada de la Ley de Lavado de Dinero; las débiles sanciones pecuniarias que contiene (pagos por incumplimiento que van de los 11 a los 571 dólares); la falta de independencia y facultades de la instancia responsable de la investigación de casos de enriquecimiento ilícito; la dualidad de las vías de investigación (Sección de Probidad y Fiscalía). A todo ello se suma la carencia de voluntad política para reformar la ley vigente. Los resultados de estas falencias están a la vista: en más de medio siglo ningún funcionario público ha sido condenado por enriquecimiento ilícito. De ahí la importancia de priorizar las reformas a la ley de enriquecimiento ilícito. Una de estas tiene que ver con la transparencia: poner al sol de forma periódica los ingresos y patrimonio del funcionario público, comenzando con el presidente de la República