Visión crítica de la posición del Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional

El Estatuto de Roma, que entro en vigor el 1° de julio de 2002, dispone el establecimiento de la Corte Penal Internacional y cuenta ya con 139 firmas y 90 ratificaciones. Hoy día cobra interés el tema de la posición que adopta el Estado mexicano ante el nuevo orden convencional que regula el sistema de relaciones jurídicas internacionales en materia penal y frente al régimen de protección de los derechos humanos fundamentales. México ha quedado fuera de la posibilidad de actuar como sujeto de pleno derecho en calidad de miembro activo de la Asamblea de los Estados Partes, con la consecuente no representación de su tradición y experiencias jurídicas ampliamente reconocidas y desplegadas por su política exterior en el largo camino que condujo a Roma. No obstante, vuelven a la mesa de discusión los temas relacionados con su incorporación política a la nueva estructura jurisdiccional, la implementación del Código Internacional Penal aprobado en septiembre de 2002 y, en consecuencia, la actualización y modelización de su sistema de derecho penal interno